El director comercial de Hino Motors Sales, José Manuel Armenta, subrayó la importancia de que los tres niveles de gobierno encuentren mecanismos para estimular la adquisición de vehículos híbridos en busca de mejorar el medio ambiente a lo largo del país.
Recordó que el precio de estas unidades se encuentra 50% por encima del valor de los camiones a diesel, por lo que en otros países se convenció a las autoridades de subsidiar un porcentaje de esta diferencia, y lograr una progresiva conversión en las flotas a híbridos.
Pero este esfuerzo, agregó, requiere de la participación de las autoridades para lograr un programa que permita el diseño de mecanismos financieros o estímulos fiscales para lograr una importante demanda y conseguir el objetivo de reducir las emisiones contaminantes de los camiones que operan diariamente en las ciudades, por lo que la invitación se encuentra abierta para que armadoras y representantes gubernamentales trabajen en los esquemas que hagan accesibles el valor de los híbridos.
“Es cierto que los gobiernos locales, municipales y estatales tienen que apoyar un proyecto de estas características. También es cierto que el punto clave es la creación de programas a nivel federal por ser la entidad donde se manejan directamente los subsidios, los impuestos y los aranceles.
“Como empresa estamos trabajando en diferentes propuestas y apenas tengamos algo concreto solicitaremos audiencias con la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y Secretaria de Economía (SE) para plantear diversos tipos de apoyos a empresas socialmente responsables que desean apostar por el uso de híbridos, como podría ser Bimbo”.
Dentro de las expectativas se esperan del gobierno facilidades económicas que podrían darse en una reducción del IVA, de aranceles o cualquier tipo de aportación por parte que logre la reducción en el valor de la unidad y facilite su compra.
Armenta recordó que la Ciudad de México es una de las urbes más contaminadas del mundo, lo que obliga a los gobiernos, fabricantes y usuarios a trabajar en conjunto para revertir los efectos de la contaminación y cumplir con la “responsabilidad cívica de cuidar el bienestar de las futuras generaciones”.
