La Cámara de Senadores aprobó la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial que, entre otros puntos, establece los mecanismos y acciones para la gestión de factores de riesgo que permitan reducir las muertes y lesiones graves ocasionadas por siniestros viales.
El nuevo ordenamiento, que fue avalado en lo general con 104 votos a favor y enviado a la Cámara de Diputados, da prioridad al desplazamiento de las personas, particularmente de grupos en situación de vulnerabilidad, así como de bienes y mercancías, con base en una jerarquía de movilidad que disminuya los impactos negativos en materia económica, salud y medio ambiente.
En lo particular, la Asamblea aceptó una modificación al artículo 44, presentada por el senador Gilberto Herrera Ruiz, de Morena, para que estados, municipios y demarcaciones territoriales provean de transporte público gratuito a niñas, niños y adolescentes, en las localidades rurales e insulares.
Se trata, explicó el legislador, de evitar que las y los menores caminen más de 30 minutos o un kilómetro para asistir a la primeria, y alrededor de 60 minutos o tres kilómetros para acudir a la secundaria o al nivel media superior.
Además, el Pleno rechazó las reservas a los artículos 7, 8, 48, 49, 50, 52, 54, 60, 62, y las adiciones del artículo 53 y del artículo 54 Bis, así como de un sexto transitorio, presentadas por la senadora Nancy de la Sierra Arámburo y Emilio Álvarez Icaza Longoria, del Grupo Plural; Xóchitl Gálvez Ruíz, Víctor Oswaldo Fuentes Solís y Damián Zepeda Vidales, del PAN, por lo que dichas disposiciones quedaron en los términos del dictamen, con 75 votos a favor y 23 en contra.
La Ley define la concurrencia entre la Federación, entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México en materia de movilidad y seguridad vial, así como los mecanismos para su debida coordinación.
Además, establece las bases para priorizar los modos de transporte de personas, bienes y mercancías, con menor costo ambiental y social, la movilidad no motorizada, vehículos no contaminantes y la intermodalidad.
Cabe destacar que la Asamblea aprobó eliminar el artículo 7 de dicha Ley sobre la responsabilidad subjetiva en el tránsito de las y los usuarios de vehículos motorizados y medios no motorizados.
La presidenta de la Comisión de Zonas Metropolitanas y Movilidad, Patricia Mercado, aseveró que la suma de voluntades que fortalecieron este proyecto, será necesaria en el futuro para que la ciudadanía conozca este ordenamiento legal, se apropie de él e incida en su aplicación por parte de las autoridades.
La senadora de Movimiento Ciudadano reveló que se avanzó en dos componentes: la regulación y la planeación, pues modificar las conductas y cultura vial no sólo requiere poner límites, sino una visión de la movilidad incluyente.
“Concebimos esta Ley para fortalecer el desarrollo de ciudades más humanas, para que coexistan diversos tipos de movilidad, dejando atrás viajes complicados y riesgosos”; el núcleo de este ordenamiento, agregó, está en darle prioridad a las personas peatonales y a usuarias más vulnerables de las vías.
De Morena, el senador César Cravioto Romero expresó que con este instrumento legal se buscan disminuir las muertes por accidentes viales por medio de la concientización, porque no hay mejor política pública que la prevención. “Estamos obligando a los gobiernos estatales para que hagan campañas informativas, para que quienes usamos vehículos seamos respetuosos de peatones y ciclistas”.
El senador Emilio Álvarez Icaza, del Grupo Plural, dijo que después de un largo camino para la reforma constitucional y legal, lo que tenemos claro es que la movilidad es un derecho; hoy estamos legislando para que se entienda que el espacio público no sólo es para los vehículos automotores.
“Viene un camino largo de implementación e instrumentación, por lo que presente un voto particular, porque hay tres asuntos preocupantes: avanzar para prohibir los dobles remolques; insistir en la obligatoriedad de los seguros y el tema presupuestal”.
Por Acción Nacional, el senador Víctor Oswaldo Fuentes Solís aseveró que esta Ley se queda corta, pues no atiende la parte de la reparación del daño para las víctimas. En ese sentido, denunció que se eliminó un artículo del proyecto original que obligaba al transporte de carga a contar con un seguro, por lo que exigió su reintegración al documento.
La senadora Claudia Edith Anaya Mota, de la bancada del PRI, aplaudió la labor de las organizaciones de la sociedad civil, así como de las familias de las víctimas en la construcción del ordenamiento. Dijo que no es un instrumento perfecto; sin embargo, reconoció los esfuerzos de todos los Grupo Parlamentarios para construir el dictamen.
María Graciela Gaitán Díaz, senadora del PVEM, aseguró que esta legislación es necesaria para garantizar la máxima protección de la ciudadanía y lograr un mayor control en la seguridad vial. Esto permitirá prevenir accidentes viales, disminuir el índice de muertes por los mismos, combatir el cambio climático, atender la salud pública y salvaguardar vidas, asentó.
La senadora del PT, Geovanna Bañuelos de la Torre, advirtió que las muertes viales ocupan la novena causa de muerte en el país, y que en 2018 los accidentes representaron un costo de entre 174 y 204 mil millones de pesos; además, subrayó que la legislación propuesta da prioridad a la accesibilidad universal, inclusión, seguridad y sustentabilidad.
Por su parte, la senadora Eunice Renata Romo Molina, del PES, comentó que se establecen, mediante parámetros de eficiencia, eficacia, inclusión, accesibilidad, sostenibilidad e inclusión en la movilidad y se promueven medidas para garantizar el derecho de las personas al tránsito, vida, desarrollo sano y sustentable en la convivencia.
Mientras que la senadora del Grupo Plural, Nancy de la Sierra Arámburo, destacó la participación de organizaciones civiles en la confección de esta ley, y afirmó que los accidentes viales, en su mayoría, son prevenibles, por lo que es necesario seguir sumando esfuerzos para lograr un completo acceso seguro a las vialidades en México.
