Para la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) el planteamiento hecho por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, para la regularización de «autos chocolate», «representa premiar a la ilegalidad. Es, al mismo tiempo, un atentado contra uno de los sectores claves de nuestra economía ya que la industria automotriz representa cerca del 20% del PIB manufacturero nacional».
«Coincidimos con la buena intención de apoyar a quienes menos tienen y quienes demandan alternativas para su movilidad, particularmente en las entidades de la frontera norte, pero no respaldamos medidas que distorsionen la economía, provoquen la pérdida de empleos, deterioren la confianza en la inversión y la recaudación de impuestos, afecten el medio ambiente y, sobre todo, pongan en riesgo la vida de los usuarios de autos y a terceros», informó en un comunicado la Coparmex que preside José Medina Mora Icaza.
«Llamamos a que las autoridades sean las primeras en respetar y hacer respetar la ley y las medidas regulatorias que este mismo gobierno ha emitido. La regularización de los vehículos que se encuentran en calidad de contrabando sería un duro golpe a la economía y aumentaría la obsolescencia automotriz, México no debe ser el basurero automotriz de ningún país».
Como lo ha advertido la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA), la introducción y comercialización irregular de vehículos usados procedentes de los Estados Unidos es un tema discutido por décadas. Han sido múltiples los intentos gubernamentales por poner orden, muestra de ello son los 19 procesos de regularización puestos en marcha en el periodo de 1979 a 2011.
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De hecho, hoy en día importar un vehículo usado es factible de acuerdo con el Decreto emitido por la presente administración, por el que se regula la importación definitiva de vehículos usados, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 24 de diciembre de 2020.
Quien cumpla con lo estipulado puede legalmente introducir un auto a México; el problema radica en la introducción ilegal que es un delito por medio del cual se benefician organizaciones criminales, grupos que promueven la corrupción e incluso la comisión de otros delitos mediante el uso de esos autos. Además de representar un acto de evasión fiscal.
Riesgos e impactos que podría provocar la medida
Golpe al sector automotriz, uno de los más afectados por la pandemia: En el mercado nacional se vendieron 428,312 vehículos ligeros durante enero-mayo 2021. Esto está 19.8% por debajo de los niveles registrados en enero-mayo 2019. La producción total de vehículos ligeros está 19.7% por debajo de los niveles vistos en el mismo periodo previo a la pandemia.
«No podemos esperar que la recuperación del sector automotriz en México dependa exclusivamente del repunte del sector estadounidense que se prevé ocurra hacia finales de 2022. Tampoco deben perderse de vista las presiones que enfrenta, como es el incremento del precio del acero (que alcanzó su mayor nivel en 7 años), el desabasto de semiconductores (chips) en el mercado global o los procesos laborales para renovar contratos colectivos entre sindicatos y empresas como parte de lo establecido en el T-MEC», explicó la Coparmex.
La competencia desleal que representa la regularización de «autos chocolate» atentaría gravemente contra la recuperación de un sector clave para el país. La AMDA estima que podría implicar una caída del 39% en las ventas del mercado nacional.
Empleos asociados y que estarían en riesgo: Hoy son casi 2 millones de empleos vinculados a la fabricación de equipo de transporte y a su comercio al mayoreo y menudeo; muchos de ellos se verían en riesgo dada la posible contracción del mercado interno.
Caída en la recaudación: Habría dos efectos recaudatorios: (1) Los fabricantes dejarían de pagar IVA e ISR ante los recortes en la producción que tendrían que hacer por una menor demanda de autos nacionales; y (2) Habría una contracción en la captación del ISAN, que es un impuesto que los compradores de vehículos nuevos tienen que pagar. En 2020, se recaudaron poco más de 11 mil millones de pesos por este concepto.
Afectaciones al Medio Ambiente: Resulta incongruente que las autoridades promuevan acciones como el programa Sembrando Vida para fomentar la siembra de árboles y, al mismo tiempo, se aliente la introducción de automóviles al país que por sus elevados kilometrajes y antigüedad son altamente contaminantes.
En algunas zonas metropolitanas, las emisiones generadas por vehículos representan hasta un 60% de la contaminación total por partículas suspendidas gruesas (PM-10) y, lo más grave, es que de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud (OMS) cada año mueren en nuestro país 14,700 personas a causa de enfermedades asociadas a la contaminación.
El gobierno debería de trabajar en una política orientada a incentivar e implementar sistemas de transporte público más eficientes y sostenibles en lugar de regularizar “autos chocolate” cuya antigüedad promedio ronda los 15 años de vida y que no cumplen con las normas vigentes como son la NOM-042-SEMARNAT-2003 y la NOM-044-SEMARNAT-2017.
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Riesgos a la seguridad de las personas: Al constituir una actividad ilegal, no se cuenta con estimaciones acertadas que ayuden a dimensionar el universo de este tipo de vehículos. Sin embargo, muchos de ellos al ser vehículos desechados o con antecedentes de siniestro en Estados Unidos no garantizan los estándares mínimos de seguridad vehicular como son frenos de seguridad ABS, bolsas de aire o sistemas de retención infantil. Con ello se pone en riesgo a los usuarios del auto como a las personas en su entorno.
Otro riesgo en materia de seguridad es que se ampliarían los márgenes de operación de grupos de traficantes de autos que impactan negativamente a las entidades fronterizas. Se tiene identificado que muchos de estos autos que circulan con placas vencidas de los Estados Unidos lo hacen portando “acreditaciones” o identificaciones provisionales de alguna de las decenas de organizaciones civiles que prometen legalizarlos. La regularización planteada podría resultar en un mecanismo para legalizar la corrupción.
