El secretario de la Comisión de Transportes de la Cámara de Diputados, Daniel Torres Cantú., propuso reformar los artículos 286 y 376 del Código Penal Federal, para que sea facultad exclusiva del Ministerio Público Federal conocer las denuncias por robo de autotransporte, e incrementar en una mitad la pena de 7 a 15 años de prisión cuando el robo sea al vehículo o sus componentes (remolques, semirremolques o la propia carga) que cuente con permiso de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) para operar servicios de autotransporte federal de carga, pasaje o turismo.
La iniciativa que se turnó a la Comisión de Justicia, resalta que el Código Penal Federal tipifica este delito cuando se comete en caminos o carreteras (fracción XVI, artículo 381); sin embargo, cuando el vehículo es retirado de la jurisdicción del camino federal y el robo es perpetrado fuera del derecho de vía, el transportista tiene que denunciar en el Ministerio Público local.
Esto conlleva que el transportista no sólo sea víctima del delito de robo, sino que se enfrente a procesos burocráticos de los Ministerios Públicos locales, complicando el acceso a la justicia, por lo que es pertinente que este ilícito sea conocido exclusivamente por la instancia federal.
Destacó que el modo de operar de los delincuentes para entorpecer la administración e impartición de justicia radica en ejecutar el robo fuera de la jurisdicción federal del camino, lo que genera que, en muchas ocasiones, en una entidad se encuentre la mercancía robada y en otra el camión o los remolques.
El diputado federal por Nuevo León reveló que de mil 354 robos de camiones de carga en carreteras, mil 267 se cometieron con violencia y 87 sin violencia. “Esta problemática se debe a la inseguridad en las vías generales de comunicación del país, por lo que se requiere que el delito se persiga por las autoridades federales, máxime cuando lo establece la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal”, aseguró.
El transportista, argumentó, presta un servicio amparado por el gobierno federal, autorizado para utilizar caminos y puentes federales, que al final del ciclo es el móvil para garantizar por parte del Estado la rectoría del desarrollo nacional a través de la competitividad y fomentando el crecimiento económico del país.
Razón que, indicó, justifica ampliamente que sean las autoridades federales a quienes corresponda combatir este delito; “debemos tomar en consideración que el daño patrimonial que se ocasiona repercute contra un sector importante de la economía nacional”.
Mencionó que es necesario que autoridades federales combatan el robo a autotransportes, que en los últimos dos años se incrementó en 179%; en 2016 fueron robadas 4 mil 500 unidades, según la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS), sostuvo Torres Cantú.
Destacó que la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (CANACAR), advirtió que en lo que va del año se registran pérdidas por mil millones de pesos (mdp) por este delito, comparado con el 2016 que ascendió a 600 mdp.
El aumento de asaltos al autotransporte deriva en un incremento de hasta 200% en el costo de las pólizas de seguros, de acuerdo a la Confederación de Cámaras Industriales (CONCAMIN).
