Como parte de su mandato de promover la adopción de principios de competencia por parte de las autoridades públicas, la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE) dio a conocer el trabajo “Transición hacia mercados competidos de gasolina y diesel”, el cual identifica una serie de posibles obstáculos a la competencia, así como propuestas de solución.
Lo anterior, es particularmente relevante considerando que los precios de venta al público –en lo que toca a gasolinas y diesel– serán determinados bajo condiciones de libre mercado a partir del 1 de enero de 2018.
La reforma energética debe traducirse en beneficios concretos para la población y sustentarse en el funcionamiento eficiente de los mercados liberados. Para ello, es fundamental enviar desde ahora señales correctas de precios, incentivar el desarrollo de infraestructura y garantizar el acceso abierto de la existente, promover fuentes de abasto diversas, fomentar la entrada y participación de agentes económicos en todas las actividades de la cadena productiva y evitar conductas anticompetitivas o fenómenos de concentración indebidos.
Lo anterior requiere de la voluntad y la participación conjunta de diversas autoridades públicas en todos los órdenes de gobierno, incluyendo –además de esta Comisión– a instancias federales, tales como las Secretarías de Hacienda y Crédito Público, Energía, Economía, y Comunicaciones y Transportes; la Comisión Reguladora de Energía; la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos; así como Petróleos Mexicanos. Asimismo, involucra a los poderes legislativos a nivel federal y estatal, así como a los gobiernos locales.
Entre otras cosas, la COFECE recomienda:
- Revisar y modificar el actual sistema de precio administrado, el cual se integra por un precio máximo de venta al público y una banda de precios, a fin de incentivar actividades de importación y comercialización de agentes económicos distintos a Pemex.
- Permitir, de aquí al 31 de diciembre de 2017, precios regionales máximos de venta al público, a fin de que éstos reflejen realidades logísticas nacionales, fomenten la concurrencia y habitúen a los consumidores a las diferencias de precios que son propias de un mercado abierto.
- Definir con precisión las responsabilidades para el caso de robo de combustibles en ductos.
- Garantizar, en el proceso de Temporada Abierta que será llevado a cabo por Pemex, el acceso abierto a la infraestructura de almacenamiento y transporte de esa empresa mediante mecanismos competitivos que favorezcan las nominaciones más eficientes, por ejemplo mediante subastas de capacidad.
- Prever el acceso abierto a instalaciones ubicadas en los puertos mexicanos a fin de no obstaculizar las importaciones de combustibles vía marítima o su movilización entre puertos.
- Definir, cuanto antes, una política nacional de suministro.
- Remover restricciones a la libre participación de la inversión extranjera en actividades de transporte de petrolíferos por medios terrestres y marítimos, así como en el suministro de estos productos a embarcaciones, aeronaves y equipo ferroviario.
- Homologar las normas oficiales sobre la calidad de gasolinas y diesel con los estándares internacionales aplicables en los mercados de referencia (Estados Unidos y Europa), a fin de promover la importación y fungibilidad de dichos productos.
- Revisar que los esquemas de agrupación o concentración de estaciones de servicio sean plenamente compatibles con el marco jurídico en materia de competencia.
- Garantizar que todos los contratos de suministro, franquicia y comercialización (vigentes y futuros) entre Pemex y las estaciones de servicio sean compatibles con el régimen jurídico vigente y no impidan la movilidad hacia fuentes alternativas de abasto o modelos independientes.
- Eliminar restricciones locales que limitan abasto y otorgan ventajas indebidas, por ejemplo requisitos de distancias mínimas entre estaciones de servicio o de superficies mínimas –no sustentadas por razones de seguridad– para su construcción.
- Generar y publicitar información para que los consumidores puedan comparar los precios de venta de gasolinas y diesel (presencialmente y vía remota) sobre bases de homogeneidad.
- De acuerdo a su Plan Estratégico 2014-2017, el sector energético es prioritario para la COFECE debido a su impacto en la economía nacional y en el bienestar de los consumidores. Independientemente de las recomendaciones arriba referidas, la COFECE podrá, en cualquier momento, hacer uso de sus facultades para promover y proteger la competencia y libre concurrencia en estos mercados, por ejemplo, mediante la emisión de opiniones, la revisión de concentraciones o la investigación de posibles prácticas anticompetitivas sancionadas por la ley.