La Cámara de Diputados aprobó, en lo general, el dictamen que reforma la Ley de Vías Generales de Comunicación, para sancionar a quienes con fines de lucro interrumpan el tránsito de los medios de transporte y la operación de los servicios de peaje.
Con 344 votos a favor, 85 en contra y 24 abstenciones, se avalaron en lo general las reformas al artículo 533 y la adición de un artículo 533 Bis a la Ley de Vías Generales de Comunicación, que garantizan la seguridad de los usuarios de las vías generales de comunicación y abonan a resguardar los recursos del erario público.
No criminaliza ni coarta el derecho a la libre manifestación
Al fundamentar el dictamen y desde plataforma digital, el presidente de la Comisión de Comunicaciones y Transportes, diputado Víctor Manuel Pérez Díaz (PAN), precisó que la intención es brindar mayor certeza jurídica y garantizar el Estado de derecho en las vías generales de comunicación.
Mencionó que se sanciona a quien interrumpa la prestación del servicio, así como a quien restrinja de manera total o parcial el tránsito de los medios de transporte, en algunos de ellos, con afanes de lucro.
Es conocido, dijo, el fenómeno que se da en el país sobre el bloqueo de casetas de cobro, lo cual afecta “a que mercancías de primera necesidad no lleguen a su debido tiempo; en casos extremos paraliza la actividad económica, incrementa los precios de algunos productos y pone en riesgo la integridad y la seguridad de los usuarios de las mismas”.
El diputado Pérez Díaz precisó que en los hechos, se han visto en bloqueos a las vías generales de comunicación a personas que son seudomanifestantes. La propuesta no pretende criminalizar ni coartar el derecho a la libre manifestación.
Los bloqueos, añadió, de acuerdo con datos de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y de la Asociación Mexicana de Concesionarios de Infraestructura Vial, durante 2019 y lo que va del presente año, originaron pérdidas sectoriales cercanas a los siete mil millones de pesos; esto representa un golpe a las finanzas del Estado mexicano.
En el presente año, los bloqueos a las vías férreas se han incrementado 119 por ciento respecto a 2019, y en promedio su duración es de 12 días. Al paralizar puntos estratégicos se entorpece el traslado de mercancías y la actividad económica.
El objetivo es coadyuvar a dotar de las herramientas necesarias para que las y los ciudadanos cuenten con mayor seguridad y se evite el desorden, a fin de garantizar la seguridad e integridad de los usuarios de las vías generales de comunicación y atender este fenómeno que daña al Estado y a la sociedad.
Con el establecimiento de las sanciones propuestas, “los que dictaminamos entendemos que son proporcionales con la gravedad de la sanción, ya que tratan de compensar el perjuicio al patrimonio de la Federación, ocasionado por quienes realizan las acciones de bloqueo y que impiden el cobro derechos de peaje y por el uso de carreteras federales”.
Se busca que quien interrumpa la prestación de servicios u operación de carreteras, vías férreas y aeropuertos se les imponga un castigo; se establecen agravantes para sancionar con mayor fuerza cuando tienen fines de lucro. La seguridad e integridad de los usuarios de carreteras de cuota está en constante riesgo, pues al no cubrir la cuota de peaje no se cuenta con una póliza de cobertura ni están protegidos ante accidentes viales.
El diputado Víctor Manuel resaltó que el bloqueo de los servicios de peaje es un negocio inmenso, “es un nuevo huachicoleo; en promedio, grupos delincuenciales obtienen ganancias por 500 mil pesos en cinco horas. En casetas con mayor afluencia como la de Tlalpan, en la Ciudad de México, puede ser por arriba del millón de pesos”.
Reiteró que no se criminaliza la libre manifestación y anunció que se presentará una reserva para reforzar el respeto a las garantías constitucionales, establecidas en la Carta Magna, en donde se mantienen las penas como se encuentran actualmente a la ley vigente.
El propósito de estas reformas, recalcó, es castigar a quien con fines de lucro interrumpen el tránsito de los medios de transporte y así cuidar la seguridad e integridad de los usuarios y de la ciudadanía en general, la transportación de mercancía y la economía nacional.
