Ante la declaratoria de emergencia sanitaria en México, el sector del transporte público colectivo efectúa esfuerzos para aportar en la prevención del contagio y mantener la capacidad de operación para facilitar la realización de actividades esenciales para superar la emergencia sanitaria, como las médicas y paramédicas, y de la industria de alimentos y enseres domésticos, entre otras, así como para el traslado asequible, seguro y eficiente de los trabajadores, principalmente los de estos ramos esenciales manteniendo la sana distancia.
Sin embargo, enfrenta un escenario adverso que compromete su sostenibilidad financiera, la seguridad laboral de los empleos del sector, principalmente el sustento de los conductores; y por tanto también el servicio a las personas usuarias, no sólo durante la época de contingencia sino hacia el futuro.
El Instituto de Recursos Mundiales México (WRI México), en su calidad de secretaría técnica de la Asociación Mexicana de Autoridades de Movilidad (AMAM), y con el apoyo de la Asociación Nacional de Productores de Autobuses, Camiones y Tractocamiones (ANPACT), llevaron a cabo un ejercicio de análisis para dimensionar el impacto social, económico y financiero de la emergencia sanitaria en el sector.
Los impactos estimados se calcularon con datos aportados por algunas autoridades de movilidad, lo que permitió contar con una muestra de información de ciudades mexicanas de 13 estados de diferentes regiones del país, tamaños y características de sus sistemas de transporte público colectivo.
El transporte público colectivo es el medio que utiliza cerca del 40 por ciento de mexicanas y mexicanos (50 millones de personas), del cual dependen más de 160 mil empleos (principalmente de conductores de unidades de transporte), y que representa la actividad económica de personas físicas, pequeños y medianos empresarios y cooperativas, las cuales se estima que constituyen el 75 por ciento de la organización del sector.
Atentos al cuidado de la salud de los mexicanos, múltiples sistemas de transporte público colectivo han implementado medidas de higienización, esfuerzos para generar viajes con sana distancia y otras medidas que ayuden a evitar la propagación del virus, como la protección del personal operativo más vulnerable. Sin embargo, el sector, integrado por sus conductores y operadores principalmente, y los usuarios están enfrentando crecientes retos y riesgos que es indispensable atender.
El transporte público colectivo es la alternativa de movilidad que permite realizar sus actividades cotidianas a hogares que acumulan ingresos mensuales menores a los siete mil pesos, y parte de la reducción en la demanda y en los ingresos de los transportistas ha ocurrido por el cambio en la elección de modo de viaje de los usuarios, por miedo al contagio al interior del transporte público.
De la muestra colectada, se estima que el 38 por ciento de las personas que han cambiado su modo de transporte durante la emergencia sanitaria ha aumentado su gasto en el doble o más del doble por el cambio de modo, lo que afecta el ingreso disponible de la población que necesita realizar desplazamientos para la atención de sus necesidades básicas e incrementa su vulnerabilidad ante la emergencia.
Al momento, se estima una reducción del 60 por ciento en la demanda, lo que se traduce en menores ingresos y en el deterioro de la oferta y cobertura del servicio. Se han efectuado acciones como ajustes en días y horarios de servicio como una herramienta para reducir costos de operación, sin embargo, al momento se estima que estos ahorros no superan el 25 por ciento de los costos de operación, por lo que el sector enfrenta fragilidad financiera para mantener y mejorar la oferta y cobertura del servicio. Se prevé que, en los tres meses y medio que podría durar la emergencia sanitaria, las pérdidas alcanzarán hasta el 40 por ciento del ingreso habitual en ese periodo, lo que representa una pérdida acumulada de 9 mil 800 mdp a nivel nacional; poniendo en riesgo los ingresos de miles de conductores y la sostenibilidad del propio sistema
El segundo componente en riesgo es el total de puestos de trabajo relacionados con el sector. Se calcula que, en promedio, el sector emplea a 1.5 conductores por cada vehículo en operación, y que existe un 40 por ciento adicional de otros puestos de trabajo asociados al sector. A nivel nacional, comparando el dato obtenido en el análisis sobre los empleos del transporte colectivo urbano y suburbano, estos superan 3.5 veces los empleos acumulados del transporte aéreo, marítimo y de ferrocarril, reportados por el INEGI.
El tercer componente en riesgo es el retroceso en los procesos de modernización del transporte. El 75 por ciento del sector se organiza en esquemas de personas físicas, pequeñas y medianas empresas o cooperativas, altamente sensibles a la disminución de ingresos y los compromisos de pago de capital, que representa el 20 por ciento de sus costos totales. El 40 por ciento de las unidades de transporte que operan en las ciudades encuestadas continúa siendo sujeta al pago de créditos, por lo que la falta de liquidez condiciona el cumplimiento de sus obligaciones.
El impacto económico, financiero y social de la emergencia puede ser incluso mayor si se considera la contribución del transporte público colectivo a la cadena de valor de la industria del sector, que va desde la fabricación y venta de autopartes, los servicios de mantenimiento, el comercio de vehículos y los servicios financieros para su adquisición, sólo por mencionar algunos.
El reto particular de este sector, en un contexto que pone en riesgo su sostenibilidad financiera, es que es esencial que su operación continúe. Se recomienda que las acciones de política prioricen la permanencia de los puestos de trabajo incluyendo los conductores, procurando ahorros dentro de los costos operativos y no fijos; que garanticen la provisión de un servicio regular, principalmente para quienes realizan labores en el marco de la emergencia y no cuentan con los recursos para sustituir este modo de transporte o para los que sustituirlo les resulta altamente costoso o simplemente imposible. De no tomarse acciones durante la presente contingencia aumenta la probabilidad de que concesionarios y operadores busquen optimizar sus recursos en la prestación del servicio, menos autobuses, rutas, frecuencias y cobertura para la población usuario del transporte con sus impactos derivados en salud y economía.
En este escenario es recomendable llevar a cabo las siguientes acciones:
- Reconocer al transporte público colectivo como un componente esencial para la superación nacional del impacto de la crisis sanitaria, así como sus dimensiones sociales y económicas. Se requiere una visión de Estado, una intervención conjunta con el liderazgo del gobierno federal, en coordinación con los gobiernos locales.
- Priorizar el diseño y la implementación de medidas que brinden seguridad laboral a las personas trabajadoras del sector.
- Asignar fondos de emergencia entregados a través de mecanismos transparentes y eficientes, que aporten a la sostenibilidad financiera y operativa de largo plazo.
- Diseñar esquemas de apoyo federal que contribuyan a la reactivación financiera, económica y social del transporte público, que consideren las necesidades de las distintas ciudades y los diferentes tipos de modelos de operación de transporte público colectivo, siendo los más importantes por su participación en el sector el modelo hombre-camión, el modelo de cooperativas y las pequeñas empresas.
- Priorizar la aplicación de recursos en sistemas que cuenten con mecanismos de ejecución transparentes y eficientes para la aplicación de los recursos de emergencia, como son las cuentas concentradoras de recursos, los sistemas de recaudo, las tarjetas personalizadas para estudiantes y personas de la tercera edad.
- Prever la recuperación del sector, tomando en cuenta no sólo la compensación de las pérdidas sino la inversión que reactive su transformación y mejora.
- Establecer esquemas legales e institucionales futuros que prevean la ocurrencia de contingencias y otras emergencias.
