La Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA), ve con preocupación que no se haya hecho partícipe a representantes de la industria automotriz en la conversación en torno al impacto que pueda tener la regularización de vehículos internados ilegalmente al país en los empleos de los mexicanos, la seguridad de los transeúntes y el medio ambiente, así como en el bienestar de miles de familias que dependen del sector automotriz mexicano.
«Con la firma del mencionado Decreto se vulnera el empleo de los más de 960 mil mexicanos que a través de trabajos directos que ocupa el sector automotriz en nuestro país. En otras palabras, es un golpe directo tanto a las personas que encarnan el 19.4% del PIB manufacturero, como al propio Estado de Derecho y a la confianza depositada por inversionistas en México.
«Como industria, nuestro compromiso ha sido promover y afianzar la seguridad e integridad de toda persona que se encuentre en algún espacio público, ya sea que se trate de ocupantes de vehículos, motociclistas, ciclistas o peatones. La mayor parte de los vehículos ligeros que ingresan de manera ilegal al país no garantizan el cumplimiento de las normativas y estándares de calidad y de mantenimiento con los dispositivos de seguridad adecuados que permitan preservar el bienestar de la ciudadanía.
«La regularización de los vehículos que se encuentran en calidad de contrabando, permitirá la introducción de tantos o más vehículos de los que actualmente circulan ilegalmente en el territorio nacional, además se debe considerar su alto impacto medioambiental al tratarse de vehículos altamente contaminantes.
«Asimismo, con la emisión de este Decreto se generan afectaciones al mercado interno que a su vez se reflejará en una reducción en la recaudación de impuestos, como son el Impuesto al Valor Agregado (IVA), Impuesto sobre la Renta (ISR) o el Impuesto Sobre Automóviles Nuevos (ISAN).
«En la AMIA consideramos que el Decreto publicado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público el 19 de enero del 2021, genera contradicciones y vulnera al sector. Dicho decreto promueve: 1. El ingreso ilegal de más vehículos, 2. Adiciona los estados de Durango, Michoacán y Nayarit cuando la intención original era facilitar la importación de vehículos ilegales en los estados de la frontera norte, 3. Viola principios de equidad y proporcionalidad, al exentar del pago de impuestos a quienes internaron vehículos ilegales al país o los adquirieron una vez ya internados, 4. Permite la regularización de vehículos usados con una antigüedad desde 5 años en adelante propiciando la regularización de vehículos chatarra con una muy corta vida útil, 5. No obstante que limita la regularización a un vehículo por persona física, permite que sean parte del programa sin darse de alta en el padrón de importadores.
«Por lo anteriormente expuesto, consideramos que el Decreto que fomenta la regularización, se traduce en fomento a la ilegalidad y la posibilidad de que dicha iniciativa se extienda por todo el país, replicando la violación al Estado de Derecho a todo el territorio nacional.
«Como industria, respaldamos la importación de vehículos usados en tanto se cubran los requisitos previstos por el Decreto que regula su importación y se garanticen a las y los mexicanos derechos fundamentales como los enunciados previamente. El proceso de regularización de los vehículos internados ilegalmente al país no contempla la posible afectación a los empleados mexicanos, al medio ambiente, la economía, la seguridad vial y la salud pública en nuestro país.
«Reiteramos nuestro compromiso con México y sus habitantes, por lo que ratificamos nuestro interés y disposición por generar canales de comunicación abiertos y cercanos con autoridades gubernamentales para trabajar juntos en beneficio de las y los mexicanos».
