Aunque el robo a transporte de carga ha mostrado en los últimos nueve meses una tendencia positiva a la baja, los proveedores de seguridad para esta industria no desestiman algún incremento sustantivo en el ilícito, resultado de la pandemia del virus COVID-19, principalmente en los meses de abril y mayo, donde las cargas de alimentos y productos de primera necesidad serán especialmente deseadas por la delincuencia organizada.
Para Víctor Manuel Presichi Amador, presidente de la Asociación Nacional de Empresas de Rastreo y Protección Vehicular (ANERPV), es altamente probable que los atracos a los automotores de carga originen incrementos en los precios de los productos, no sólo por el costo directo del robo, sino también por la generación de un estado de pánico que genera especulaciones y distorsiones sin fundamento en la oferta y la demanda. Tomando en cuenta “los picos” registrados en la época de mayor inseguridad, el incremento podría ser hasta de un 30 al 50%.
A juicio del líder empresarial, los meses de abril y mayo serán cruciales para que los proveedores de servicios de telemetría, seguridad privada y gobierno en sus tres niveles, continúen y fortalezcan las sinergias, con la excelente coordinación que han desarrollado para aplicar protocolos de contención, reacción y recuperación de mercancías robadas en tránsito, tal como ha ocurrido en los últimos meses.
Como empresas de rastreo satelital –aseveró Presichi Amador- tememos que en los próximos meses, cuando la economía del país baje de nivel, se incremente la demanda de productos básicos a bajo precio como alimentos procesados, medicamentos, de higiene personal, calzado y ropa; y justo ahí, el “mercado negro” se dinamiza para vender robado o apócrifo.
ASUME significa UNIDAD
Respecto a los saqueos que se han registrado en diversas zonas del país, paralelos a la crisis sanitaria provocada por el COVID-19, el presidente de la ANERPV mencionó que la industria de la seguridad privada coadyuva con las autoridades estatales y federales para el eficiente resguardo de instalaciones, información, activos y mercancías.
En el caso del rastreo satelital, cada centro de monitoreo y sus respectivos monitoristas, están al servicio de la protección de bienes del sector transporte, a través de especiales y exclusivos protocolos de reacción y recuperación, con lo cual se minimiza en más del 80% el riesgo y vulnerabilidad, pues se establecen rutas, horarios y zonas seguras, así como robustecen y blindas las comunicaciones del operador con los centros de monitoreo de su proveedor de telemetría.
“Retomo el mensaje del coordinador general de Agrupaciones de Seguridad Unidad por un México Estable (ASUME): Nuestro sector está fortalecido y más unido que nunca. Cada oficial y colaborador de seguridad estará en la línea para mantener el correcto resguardo de las empresas y sectores clave; contamos con una adecuada organización y planes de ayuda mutua.
Puntualizó que ANERPV como miembro de esta organización, no puede ser ajeno a esta dinámica de cooperación iniciativa privada-gobierno.
Víctor Manuel Presichi Amador, dijo que las 45 empresas que integran a la ANERPV y atienden a un millón de unidades automotrices (60% de su base instalada que son unidades de reparto pesados y/o ligeros y el resto corresponde a vehículos utilitarios, particulares y otras modalidades) comparten información con las autoridades para identificar las rutas y horarios más vulnerables para el traslado de mercancías.
“Ejemplo de lo anterior son Puebla-Veracruz (San Martín Texmelucan hasta la Tinaja); Guanajuato (Celaya a Salamanca); Estado de México (Cuautitlán-Tepeji del Rio, Arco Norte) y San Luis Potosí a Matehuala”, refirió.
Destacó que hasta ahora las compañías de ANERPV están trabajando al 100% pero puede disminuir debido a la baja en la actividad económica; por ello, hizo un llamado al gobierno federal para que diseñe y ejecute un plan económico de apoyo, así como de estímulos para las pequeñas y medianas empresas, incluso renuncie a mega proyectos considerados “estratégicos” que son en este momento inviables y sin retorno económico-social para el país, y ese capital se invierta de manera directa e inmediata en la economía nacional.
