El Senado de la República aprobó, con 80 votos a favor y siete en contra, la Ley para Prevenir y Sancionar Delitos cometidos en Materia de Hidrocarburos, que cataloga el robo de gasolina y diesel como delincuencia organizada, con penas que llegan hasta los 35 años de prisión y multas acordes al daño patrimonial.
Las sanciones se establecerán de manera proporcional al daño causado, y se considerarán responsables a todos los que participan en la extracción y venta ilegal de petrolíferos, incluidos servidores públicos. La norma establece penas de 10 a 18 años de prisión y multa de 17 mil a 27 mil días de salario mínimo, a quienes participen en la venta de litros incompletos de gasolina y gas LP.
El presidente de la Comisión de Seguridad Pública, Omar Fayad Meneses, apuntó la necesidad de elevar a delito grave el robo de hidrocarburos, pues además del daño patrimonial al erario público, se pone en constante riesgo a la población que habita en torno a los ductos por posibles explosiones, fugas y derrames, aunándose a esto el daño al medio ambiente.
El primer párrafo de dicho artículo establece que se sancionará de 30 a 40 años de prisión y multa de 50,000 a 65,000 de salarios mínimo vigente, a quien por cualquier medio realice actos de sabotaje en los equipos, instalaciones o bienes muebles o inmuebles de la industria de los hidrocarburos.
El dictamen aprobado apunta que el daño patrimonial para la industria en 2011 ascendió a 23 mil 900 millones de pesos; en 2012 a la cantidad de 33 mil 200 millones de pesos. De septiembre de 2013 a agosto de 2014, estas cifras representan aproximadamente 15 mil 300 millones de pesos.
La presidenta de la Comisión de Estudios Legislativos, Graciela Ortiz González, aseguró por su parte que con la nueva norma se fortalece el combate delitos que se habían convertido en fuentes de financiamiento para la delincuencia organizada, específicamente la venta ilegal de hidrocarburos.
La “ordeña” de ductos de combustibles ha permitido el florecimiento de una actividad perniciosa que vulnera a México y favorece el clima de impunidad de parte del crimen organizado, por lo que es indispensable adoptar medidas efectivas en el combate a este delito que atenta contra el patrimonio de los mexicanos.
La nueva ley, agregó, dará certeza a los consumidores de combustible de que se le provean litros completos y con ello se protege sus recursos.
Al fijar el posicionamiento del Partido del Trabajo, su coordinador parlamentario Manuel Bartlett Díaz aseguró el objetivo real de la nueva ley es crear un régimen especial en favor de intereses extranjeros, que en el corto plazo se van a beneficiar de los hidrocarburos del país.
En favor de la propuesta, el senador Fiel Demédicis Hidalgo, del PRD, precisó que con la nueva normatividad se plantea proteger la economía nacional, pues se atacará de manera frontal a los gasolineras que no dan litros de a litro y, al mismo tiempo, inhibirá los delitos ya que agrava las penas para quienes roban combustible.
Al hablar a favor del dictamen, el senador del Partido Verde Ecologista de México, Juan Gerardo Flores Ramírez, indicó que el robo de hidrocarburos se ha agudizado, por lo que urgió a atacarlo a la brevedad, ya que pone en riesgo la integridad de las comunidades donde se comete el delito, además de dañar el medio ambiente.
Para hablar a favor del dictamen, el senador Zoé Robledo Aburto, del PRD, dijo que la venta de gasolina en la frontera sur ha caído hasta en 90 por ciento y la economía regional se ha contraído, dado el contrabando y venta ilegal del combustible en la frontera con Guatemala. Tan sólo un galón de gasolina cuesta 22.49 quetzales, lo que equivale a 44.98 pesos, denunció.
