La entrada masiva de vehículos usados sólo beneficia a las mafias que lucran con su introducción y comercialización”, lamentó Guillermo Rosales, presidente ejecutivo de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA), sobre el anuncio de Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, en cuanto a la ampliación del Decreto por el que se fomenta la regularización de vehículos usados de procedencia extranjera hasta el 30 de septiembre de 2023.
Rosales explicó que el próximo 30 de junio concluiría tal disposición, pero no será así, el problema ahora es que hay más unidades de las que había antes del 19 de enero de 2022 en situación de irregularidad esperando su legalización, cuando se publicó el Decreto. Esta será la quinta ampliación, ya que inicialmente el Decreto contemplaba concluir el 20 de julio de 2022.
“Cada ampliación es una evidencia más de su fracaso, ya que no es posible que después de casi 1.6 millones de vehículos regularizados sigan ingresando diariamente vehículos en contrabando, habiendo lista de espera y ninguna penalización clara para los propietarios que no legalicen sus unidades, por lo que este fenómeno continuará como una regularización sin fin”, destacó.
Guillermo Rosales señaló que “es grave que el Registro Público Vehicular no verifique el cumplimiento de lo exigido en el Decreto respecto a regularizar sólo vehículos que se encontraran ilegalmente en el país antes del 19 de octubre de 2021, así como no regularizar aquellos que esté restringida o prohibida su circulación en el país de procedencia o en México; o que no cumplan con las condiciones físico mecánicas o de protección al medio ambiente, de conformidad con las disposiciones federales o locales aplicables”.
Con este nuevo anuncio, apuntó Rosales Zárate, se cumplió el principal temor de los distribuidores de automotores en cuanto a que el Decreto continuará, incluso, hasta finales del sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador, lo que seguirá alentando la cadena delictiva del contrabando automotriz. “Es preocupante que en la recta final del actual Gobierno de la República seguimos esperando el diálogo para desarrollar políticas públicas en favor del financiamiento automotriz y profundizar un programa de renovación del parque vehicular”, dijo.
“La meta de eficiencia energética es vulnerable para el país al seguir permitiendo la penetración de vehículos siniestrados y sin las medidas de seguridad adecuadas comprometiendo la integridad física de los ciudadanos”, aseguró Rosales Zárate.
En opinión de la AMDA, el actual proceso de regularización de vehículos de desecho nulifica los objetivos planteados por la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) en el proyecto de “Acuerdo por el que se expide la Estrategia Nacional de Movilidad Eléctrica”, publicado en el portal de la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (Conamer) el 20 de junio.
