La Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA) manifestó su rechazo a la iniciativa de Reforma Constitucional al Poder Judicial.
«Consideramos que la designación de Jueces, Ministros y Magistrados por voto popular, lejos de brindar certeza jurídica a los ciudadanos, profundiza la discrecionalidad de las decisiones, lo politiza y no define criterios objetivos para una adecuada selección de los perfiles requeridos», explicó en un comunicado.
Asimismo, dijo que les «preocupa el debilitamiento de la carrera judicial en detrimento del profesionalismo, estabilidad laboral y por lo tanto, imparcialidad e independencia de las y los integrantes del Poder Judicial, la carrera judicial se ha convertido en garantía de especialización y capacitación de los juzgadores del país, constituyendo así un aspecto crucial del funcionamiento del sistema judicial mexicano y, sobre todo, un principio que garantiza el derecho humano de acceso a la justicia, lo cual se ve gravemente en riesgo, de aprobarse la iniciativa de Reforma en los términos planteados».
La AMDA añadió que «La elección de jueces, magistrados y ministros a través del voto popular no resolverá los problemas que actualmente enfrenta el sistema judicial; por el contrario, las posibilidades de control del poder Ejecutivo y de los grupos que ejercen de facto influencia, bien sea por el peso económico o el que se obtiene a través de la fuerza criminal, harán más grave la injusticia».
Precisó que, «Si bien el actual sistema es imperfecto y es necesario reformarlo para mejorar, la destrucción institucional no es el camino para promover un estado superior de convivencia social. Para el funcionamiento de las empresas, la reforma judicial en los términos que se plantea pone en riesgo la viabilidad de las inversiones y las deja en alto grado de vulnerabilidad ante el poder del Ejecutivo, por ejemplo en el ámbito fiscal, en el cual ya hoy en día existe un profundo abuso de las facultades de control y verificación del Servicio de Administración Tributaria así como un mayor grado de dificultad para contar con garantías de imparcialidad en las legítimas controversias jurídicas».
En síntesis, finalizó la Asociación, «la reforma del sistema judicial no resolverá ninguno de los factores que inhiben el acceso a la justicia, harán más vulnerables a los grupos de población económica y socialmente más débiles, inhibirá la inversión y se abre la posibilidad de fortalecer a los grupos del crimen organizado y a los cacicazgos políticos».
