La Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA) expresó su satisfacción por la decisión, hecha pública por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), mediante la que resolvió suspender, sin goce de sueldo, a Daniel José González Vargas y Ricardo Arreola Villanueva, ex titular y actual secretario del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Baja California, con sede en Mexicali, respectivamente, por presuntamente otorgar amparos para importar vehículos usados.
De igual forma, el CJF resolvió una visita de inspección extraordinaria a dicho órgano, esto ante la presunción de que tales servidores públicos concedieron, fuera de la legalidad, suspensiones tanto provisionales como definitivas a empresas importadoras de autos usados, comúnmente llamados «autos chocolates».
En concordancia con lo que ha sido una lucha permanente de los distribuidores de vehículos por denunciar el entramado de corrupción en torno a los Amparos concedidos a importadores de vehículos usados, la AMDA hizo público su respaldo al Consejo de la Judicatura Federal y le pidió continuar con las investigaciones y, en su caso, aplicar las sanciones administrativas o penales a que haya lugar, no sólo en contra del juez Daniel José González Vargas, sino también en contra de todos aquellos funcionarios judiciales que se encuentren involucrados en actos ilegales.
Guillermo Rosales, vocero de la AMDA, declaró que «es necesario que de una vez por todas se ponga freno a la importación de vehículos usados mediante amparos, toda vez que esa es la razón principal de que México esté convertido en el basurero automotriz de Estados Unidos al haber recibido casi 7.5 millones de vehículos en los últimos años».
