Integrantes de la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar) condenaron el rechazo a la propuesta de modernización del autotransporte federal en el país, incluida en el anteproyecto de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, presentada por el diputado Juan José Guerra Abud, integrante del Partido Verde Ecologista de México durante la LXI Legislatura.
El director general de Canacar, Refugio Muñoz López, reconoció que la iniciativa no trata de cerrar el sector, sino de establecer las condiciones mínimas para que éste avance a la profesionalización, sin embargo, una vez más se antepusieron los intereses de grupos de poder.
Así, un proyecto considerado de gran visión ya que consigna “los requisitos que deberán cumplir los permisos para prestar servicios de autotransporte federal. Establece que sólo podrán transitar en caminos y puentes de jurisdicción federal los vehículos motrices de autotransporte de turismo, pasaje y carga que tengan un máximo de doce, quince y veinte años de antigüedad, respectivamente, contados a partir del año modelo de fabricación”.
Asimismo, señala “que el Gobierno Federal deberá promover e instrumentar anualmente programas de crédito, financiamiento y garantías dirigidos a quienes presten el servicio de autotransporte federal y privado”.
En el Capítulo I Bis, denominado “Del Consejo Nacional del Autotransporte Federal” establece la creación de un organismo tripartita, integrado por quince personas provenientes del sector público, privado y académico, y que tendrá como objetos, entre otros: emitir opiniones para eficientar el servicio de autotransporte federal en el territorio nacional; promover la implementación de programas de capacitación y adiestramiento para conductores y la modernización de la industria del autotransporte federal”.
Así como “fijar que las infracciones cuando por orden judicial el permisionario pierda la propiedad o posesión de un vehículo dado de alta, la Secretaría (de Comunicaciones y Transportes) deberá dar de baja el permiso y solicitar su retiro de la circulación y restablecer como multa de doscientos cincuenta días de salario mínimo al incumplimiento en materia de autotransporte federal, servicios auxiliares y transporte privado y de quinientos días de salario por cualquier otra infracción”.
Es una lástima que después tres años de impulso a la iniciativa las presiones de “falsos líderes” influyeran en la decisión de los diputados de “bajar” la iniciativa y se continúe con prácticas que llevan a obtener permisos y placas para el servicio de autotransporte federal con mayor facilidad que para operar un taxi”, aseguró Refugio Muñoz López.
