El Gobernador de Baja California, Jaime Bonilla Valdez, remitió al Congreso del Estado el 30 de diciembre de 2019 la “Iniciativa de ley que crea el Instituto de Identidad Vehicular y Combate a la Contaminación del Estado de Baja California”, con la que se pretende regularizar los vehículos usados importados ilegalmente.
Las asociaciones del sector como son AMIA, AMDA, ANPACT e INA, destacaron que este día el Congreso de Baja California pretende aprobar el censo de vehículos ilegales a través del pago de $1,000 por trámite e identificación mediante calcomanías, otorgándoles derechos a través de un esquema registral al contrabando que pretende, además, dotar al vehículo de placa o placas metálicas y tarjeta de circulación. El censo abarcaría automóviles, camiones, omnibuses y motocicletas, cualquier que fuese su tipo de combustible así como de remolques.
Alertaron que la iniciativa de Ley que pretende legalizar el contrabando de vehículos en Baja California contraviene el marco jurídico federal, por lo que Implementar un Instituto como el planteado iría aún más allá de una pretendida regularización, ya que se persigue instituir un mecanismo paralelo que metódicamente será condescendiente con aquellos que violan la ley; sistematizando así un procedimiento que da luz verde y fomenta una constante situación de ilegalidad, plasmando con ello un mensaje de impunidad en el país.
«En el sector automotor hemos visto con beneplácito la actual política de combate a la corrupción, consideramos que es inconsistente apoyar cualquier acción que emane de un acto de ilegalidad, instaurándose así, la oficialización de un perverso incentivo a la impunidad.
«Por todo lo anterior, solicitamos la expedita intervención del Presidente de la República Andrés Manuel López Obrador y del Secretario de Hacienda y Crédito Público Arturo Herrera Gutiérrez, para hacer respetar el Estado de Derecho de nuestro país, que sea observada la supremacía normativa existente, así como el cumplimiento de los Acuerdos signados entre el Gobierno de Baja California y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para evitar que Baja California transgreda las facultades de la federación y principios constitucionales» explicaron las asociaciones en un comunicado.
La medida, precisan, viola los principios constitucionales de igualdad y proporcionalidad en el pago de contribuciones y cumplimiento de obligaciones aduaneras, cuando pretende regular la ilegalidad y el contrabando, al incentivar el incumplimiento de las disposiciones federales (aduaneras) cuando trata de conceder derechos registrales a los vehículos ilegales.
«Baja California al amparo del convenio de colaboración sólo cuenta con facultades para embargar vehículos ilegales, su obligación es salvaguardar el estado y no violentar la facultad privativa de la federación al omitir el embargo de vehículos objeto de contrabando.
«El ejecutivo debe advertir y en su caso sancionar a los funcionarios públicos de Baja California, ya que en caso de aprobarse la iniciativa en comento serán acreedores a las sanciones del delito de contrabando y la aplicación de la Ley Federal de Delincuencia Organizada».
ANTECEDENTES
Conforme a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos es facultad privativa de la Federación gravar y fiscalizar las mercancías que se importen o exporten.
Por lo anterior, el 11 de agosto de 2015 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal, celebrado entre la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Estado de Baja California, mediante el cual dicha entidad federativa en materia de vehículos ilegales tiene las siguientes obligaciones:
- Verificar la legal estancia de los vehículos, en caso de no acreditarla tiene facultad para embargarlos.
- Negar el registro estatal a los vehículos que no acrediten la legal estancia.
Por otra parte, cuando la entidad federativa otorgue documentación o placas a vehículos que no acrediten la legal estancia, será sancionada además de la responsabilidad federal en materia de contrabando, con un descuento de los incentivos o de las participaciones de la entidad.
