Los representantes del sector automotor, Guillermo Prieto (AMDA), Eduardo Solís (AMIA), Miguel Elizalde (ANPACT) y Oscar Albín (INA), solicitaron al gobierno del Presidente de México, Enrique Peña Nieto, no ceder a las presiones violentas que promueven la regularización de autos «chocolates» y dar marcha atrás en el control de la importación de vehículos usados.
Lo anterior ante los bloqueos de puntos fronterizos promovidos por dirigentes de comerciantes de vehículos usados de procedencia extranjera, apoyados por políticos de la franja fronteriza, que argumentan grandes pérdidas económicas por no poder seguir operando con la libertad para importar vehículos chatarra como lo hacían en el pasado.
Estas anomalías surgen como respuesta a las acciones de control instrumentadas por el Servicio de Administración Tributaria, a cargo de Aristóteles Núñez, entre las más recientes la baja de las empresas como Big Bear, Copart y GarciPaz del padrón de comercializadoras extranjeras que otorgaban facilidades fiscales a sus clientes al momento de pagar impuestos de importación.
La cancelación de estas empresas se debió a que proporcionaron información falsa o incorrecta que causó daño fiscal y en algunas de ellas se facturaban vehículos que no habían vendido sólo para disminuir el pago de impuestos, es decir “vendían facturas”.
Estas prácticas se daban bajo la acción concertada con “coyotes» que utilizaban un mismo certificado de regulación ambiental para distintos automóviles, se tenían inconsistencias en el domicilio fiscal, se falseaba el precio del automóvil, no se verificaba o se falseaba el historial del vehículo.
Dichas irregularidades provocaron un incremento en la entrada de autos en el primer trimestre de 2016 con respecto al mismo periodo de 2015, subió 15%. Estas prácticas fraudulentas disminuyeron el pago de contribuciones entre un 50 y 60 por ciento y permitieron continuar con la importación de vehículos chatarra.
En este contexto, unidos los fabricantes de autopartes, ensambladores de vehículos ligeros y pesados, así como los distribuidores de automotores, que en conjunto representan al principal motor de la economía nacional, cuestionaron a legisladores federales que promueven la regularización de vehículos ilegales, sumándose en su gestión a las presiones impuestas por organizaciones como Onappafa, Anapromex y otras, que a lo largo del tiempo han estafado a gente de buena fe que entrega su dinero a cambio de protección para evitar el decomiso de los autos ilegales.
En ese rubro cuestionaron si no debe la Unidad de Inteligencia Financiera investigar a los líderes de esas organizaciones por los posibles delitos en materia de lavado de dinero.
El contexto
A partir del decreto emitido por el ex presidente, Vicente Fox, en 2005 se han importado 7.5 millones de vehículos usados. Entre 2005 y 2008 se importaron más vehículos usados que los nuevos que se comercializaron en el país.
Entre 2009 y 2014 la importación de vehículos usados floreció en la impunidad otorgada por amparos de jueces federales que actuaron en la ilegalidad, evadiendo con ello el pago de impuestos, los controles ambientales e incluso facilitó la importación de vehículos robados.
A finales de 2014 la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió la legalidad de la normativa federal para regular la importación de vehículos usados, con lo que se disminuyó un inmenso y lucrativo negocio que ha movido miles de millones de pesos en efectivo, eludiendo impuestos, lavando dinero, sirviendo de fachada a organizaciones criminales y promoviendo la corrupción de políticos y funcionarios públicos.
