Aunque representa un gran avance contra el servicio “pirata” y el cobro de tarifas abusivas que son frecuentes en este sector, el impacto positivo a gran escala que pueda generar el nuevo Reglamento de Grúas para el territorio nacional quedará supeditado a que las autoridades responsables del ramo lleven a cabo con rigor las acciones de supervisión y vigilancia que les tocan, además de que apliquen las sancionen correspondientes a quienes incumplan con lo que estipula este ordenamiento, el cual ya se encuentra vigente tras su reciente publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF), considera la Asociación de Empresarios Mexicanos de Grúas (Agrúas).
Para el presidente de Agrúas, Enrique Dueñas Rodríguez, la actualización del marco legal bajo el cual operan estos vehículos de arrastre y rescate en el país, constituye un paso adelante, sobre todo para un segmento de la economía que en los últimos años ha hecho frente a retos como la proliferación de competidores fuera de toda norma; a la falta de un sistema preciso y ordenado de tarifas; e incluso al fantasma permanente de una descapitalización entre las empresas, lo cual se ha agudizado a partir de la crisis sanitaria ocasionada por el Covid-19:
“Era urgente la publicación de un nuevo reglamento, el cual venía desarrollándose desde hace ya varios años. De igual forma, se requería la actualización de la base tarifaria, pues la última que se realizó fue hace seis años (en el 2017). Es importante mencionar que tanto el Reglamento de Autotransporte Federal y Servicios Auxiliares como la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, hoy contienen elementos para prevenir los abusos y cobros excesivos, a través de la presentación de quejas, verificaciones, inspecciones, sanciones y revocaciones”, reconoció.
No obstante, el representante de Agrúas que agrupa a más de 3 mil unidades de servicio, de las cuales 400 circulan en la actualidad en Jalisco, advirtió que “se necesita del apoyo de las autoridades para que supervisen, vigilen, sancionen y hagan efectivas las revocaciones cuando así proceda contra quienes incumplan. Considero que la Guardia Nacional y la propia Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) son y serán parte fundamental para la aplicación de las nuevas reglas, ya que, si estas autoridades omiten su parte, este y cualquier otro reglamento será estéril”.
“En suma, el principal reto es eliminar la corrupción y tráfico de influencias de algunas autoridades con permisionarios”, reiteró.
Una ley que debe perfeccionarse
Al respecto del nuevo Reglamento de Autotransporte Federal y Servicios Auxiliares, específicamente en lo que toca a las grúas, Dueñas Rodríguez además puso sobre la mesa varias lagunas que deben subsanarse:
1. No existe en el documento una base técnica fundamentada para establecer los precios a cobrar para las maniobras fuera del camino. Desconocemos cómo se calcularon los importes estipulados en el reglamento, los cuales no reflejan una relación proporcional.
2. Establece una actualización de tarifas, pero ésta se presenta en UMAS.
3. Viola garantías constitucionales, por ejemplo, el derecho de audiencia, pues si se presentan quejas (que pueden ser infundadas) en contra de un permisionario, a este se le suspenderá del rol de servicios, se le suspenderán sus trámites o ambos. Otro principio constitucional que se viola es el de retroactividad, al solicitar que los permisionarios que ya cuentan con un permiso vigente y que en su momento acreditaron el cumplimiento de la normatividad estipulada, se sometan a este nuevo reglamento.
4. Se eliminaron los permisos para cámaras, asociaciones y aseguradoras, a la vez que se permite a cualquier persona solicitar un permiso de arrastre.
5. Este reglamento requiere tener más claridad en el rol de servicios. Esto implica diseñar un modelo que defina qué tramo le corresponde cubrir al permisionario.
6. Reglamentar la realización de dictámenes de factibilidad para otorgar los permisos, a fin de evitar la saturación en tramos carreteros.
Ante estos puntos que han quedado en el aire, advirtió: “Se espera que algunos agremiados inicien procedimientos de amparo o demandas de nulidad por considerar que se violentan sus garantías constitucionales”.
Destacó que el nuevo reglamento nacional de grúas debe ayudar para que las empresas dedicadas al servicio legal de arrastre y salvamento puedan construir un modelo de trabajo coordinado, vinculado y, en la medida de lo oportuno, homologado en sus procesos:
“Al contar con una reglamentación moderna y congruente nosotros podremos generar acciones que contribuyan a que esta industria mejore su ritmo de inversión, empleo y actividad comercial; esto es, enfocarnos en otros retos y necesidades que enfrenta en este momento nuestra actividad, como seguir impulsando programas de capacitación y certificación; además de acelerar la incorporación de las tecnologías más avanzadas, tanto en los camiones como en los equipos, a fin de alcanzar, de manera paulatina pero ininterrumpida, un nivel mucho más competitivo, profesional y especializado”, dijo.
“Nuestra mayor preocupación como gremio ahora es contar un marco jurídico justo, transparente y equitativo por la seguridad de los usuarios del servicio, así como para impulsar el éxito de nuestras compañías, sobre la base de una confianza que se genera en la legalidad y la competencia pareja”, subrayó.
