Abogada por la Universidad Nacional Autónoma de México, Doctora en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid y Maestra en Tributación Fiscal por el Centro de Estudios Financieros en Madrid, España; María de los Ángeles Fromow Rangel ha sido Titular de la Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema Judicial Penal y de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE) de la Procuraduría General de la República (PGR).
Durante su ejercicio profesional se ha desempeñado en los sectores público y privado; en la iniciativa privada ha sido abogada corporativa, nacional e internacional del grupo empresarial Cemex. También ha tenido diversos cargos en el plano académico.
“En Cemex me desempeñé en áreas laborales, financieras, jurídicas, fiscales y administrativas. Desde ese entonces comencé a darme cuenta de la importancia del sector del autotransporte, sus implicaciones y los efectos en la distribución de mercancías en todo el país. Tuve la oportunidad de representar a Cemex ante comités jurídicos de la Asociación Nacional de Transporte Privado (ANP) y participar en la elaboración y redacción de leyes, reglamentos y normas de este sector”, explicó.
María de los Ángeles Fromow reconoce: “como mujer he influido en abrir brechas propias y para otras colegas que nos dedicamos a trabajar con entusiasmo por nuestro país. Hoy el tema de la equidad de género está en boga, con más fuerza que nunca, y se ve reflejada en la presencia y participación de mujeres en posiciones cada vez más importantes y estratégicas. Siempre he buscado hacer equipo con otras mujeres. De igual forma, considero que la visión de una mujer aporta mucho al ejercicio profesional, cualquiera que sea su ámbito, pues implica un enfoque diferente”.
A raíz de las restricciones a la circulación de los vehículos de transporte por la aplicación del Reglamento de Tránsito y Movilidad emitidos por diversos municipios del país, comenzó un efecto negativo para el sector en la Zona Metropolitana de Monterrey, Nuevo León. “La ANTP se acercó a nosotros con la finalidad de estudiar y asesorarlos respecto de la situación, que trajo aparejado un impacto en la movilidad y capacidad de distribución de los vehículos de carga en aquel Estado”.
Derivado de ello se aplicó restricción de horario para circular, pagos de permisos para circular, pago por maniobras de carga y descarga, etc. “Todo ello desencadenó que la imposición de costos por los permisos de circulación agravara la situación económica de la producción y distribución de bienes, así como la presentación de algunas demandas por parte del sector afectado”.
En este sentido, explica María de los Ángeles Fromow, se presentó una estrategia integral técnico-jurídica en los ámbitos: Judicial, Económico y Legislativo con la finalidad de resolver la problemática presentada por la ANTP, consistente en las restricciones a la circulación de los vehículos de transporte de las empresas agremiadas a esta Asociación, a través de estructurar mecanismos de impugnación ante Tribunales Federales; así como de impulsar propuestas normativas que permitan lograr resolver la problemática señalada y estructurar opciones de competencia económica.
“Estamos convencidos de la necesidad de contar con una Ley General de Movilidad que genere la adopción de políticas públicas que incluyan al sistema de transporte público, la estructura vial, la circulación peatonal y ciclista, y que se encuentren estrechamente vinculadas a los planes de ordenamiento territorial. Pero sobre todo que, establezca las facultades y su concurrencia, entre la Federación, las entidades federativas y los municipios en la elaboración y aplicación de políticas públicas para la movilidad sustentable”, finalizó.
