Ante la ola de inseguridad que en los últimos años ha afectado al sector en las carreteras federales, la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar), exigió detener el robo al autotransporte de combustibles en un desplegado firmado por Rogelio F. Montemayor Morineau, Presidente Nacional y José Refugio Muñoz López, Vicepresidente Ejecutivo.
Por vía terrestre a través de camiones, se garantiza el abasto del 30% del consumo de diesel, gasolina y combustóleo, así como del 91% de turbosina. “Por su importancia en el abasto de todo tipo de bienes en el país, el movimiento de combustibles por autotanque se ha vuelto atractivo para la delincuencia. Al cierre del 2017 se habían cometido 167 robos, el 74% de ellos en cinco entidades: Veracruz (39%), Michoacán (13%), Puebla (9%), Tabasco (7%) y Jalisco (6%).
Se estima que el volumen del producto robado fue de 9.48 millones de litros, cuyo monto aproximado es de 161 millones de pesos. Por tipo de combustible, el robo del diesel fue el de mayor incidencia con el 54% de los eventos, la gasolina magna con el 17% y la premium con el 13%. El resto fueron equipos vacíos o algún otro producto.
Tres son los puntos rojos, ya que en ellos se presentaron el 53% de los eventos: Coatzacoalcos-Minatitlán (30%), Esperanza-Córdoba (13%) y Lázaro Cárdenas-Uruapan (10%).
Además del impacto económico por el robo del producto y el riesgo de desabasto de combustibles en el país, está el daño que sufren los empresarios de esta modalidad por la pérdida del 50% de sus equipos (que ya no se recuperan), cuyo valor supera los 208 millones de pesos, monto superior al del producto robado.
Los autotransportistas son impactados también por otros costos que igualmente afectan su rentabilidad: el incremento sustancial en las pólizas de seguros; el deducible que deben cubrirle a PEMEX por asegurar el producto, cuyo monto por estos eventos ascendió a 31.7 millones de pesos.
Las empresas de autotanques, cuando logran recuperar sus equipos, deben padecer un verdadero calvario para que les sean liberados por las autoridades y los prestadores de los servicios de grúas, a quienes por los “servicios prestados” les deben cubrir, en promedio, 66 mil pesos por evento; sólo por este concepto desembolsaron en el 2017, alrededor de 5.5 millones de pesos.
El tiempo que transcurre entre el momento en que un autotanque es robado y el momento que es reactivado, es de alrededor de 4 meses, evidentemente esto también se traduce en un daño adicional, mismo que se estimó para el 2017, en alrededor de 9 millones de pesos.
De lo anterior se concluye que el daño económico directo ocasionado a las empresas que se han visto afectadas por el robo al autotransporte de combustibles ascendió en 2017, a más de 254 millones de pesos en 167 eventos, monto superior en un 58% al valor del producto robado.
Reconocemos que la afectación por el robo de combustibles no se reduce únicamente a las empresas que brindan este servicio, dicho impacto se traslada a toda la cadena de valor, por lo cual se vuelve un tema de seguridad nacional.
A finales del 2017, en coordinación con la SCT, la Comisión Nacional de Seguridad, la Policía Federal y los gobiernos de la Ciudad de México, Estado de México, Puebla, Veracruz y Tlaxcala, junto con la CONCAMIN y la ANTP, logramos acordar algunas acciones que desafortunadamente han sido insuficientes. El incremento alarmante en el robo al autotransporte de carga no es exclusivo del movimiento de combustibles, pero sí es una de las modalidades que más afectación han tenido.
Por las anteriores consideraciones, hacemos un llamado urgente para que se atiendan los siguientes planteamientos:
- Se publique el Decreto que reforma el Código Penal Federal y la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación en materia de delitos carreteros, mismo que fue aprobado por el H. Congreso de la Unión en el pasado periodo ordinario de sesiones.
- En el ámbito de su competencia, la Secretaría de Gobernación convoque a la instalación de una mesa de trabajo de alto nivel, en la que estén representados, además del Gobierno Federal (SEGOB, SEDENA y SEMAR), los gobiernos estatales en los que se concentra el problema, Petróleos Mexicanos y los prestadores del servicio representados por Canacar.
- Este grupo especializado deberá responsabilizarse de diseñar, en el corto plazo, un programa de acciones específicas para ser implementadas, en principio, en los 5 estados de mayor incidencia y, de manera muy especial, en los 3 puntos que se tienen identificados de alta concentración de este delito.
- La inseguridad, en la forma de robo al autotransporte que priva en nuestro país, no es responsabilidad de quienes proporcionamos este estratégico servicio, por tal motivo el costo que esto representa tampoco debe ser absorbido exclusivamente por los transportistas. Por tal motivo, proponemos establecer un mecanismo para que el Gobierno Federal, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, compense en alguna medida, la afectación económica que están teniendo.
- Con la seguridad de que estos planteamientos serán debidamente atendidos, reiteramos nuestra disposición para asumir las tareas que, en un marco de corresponsabilidad, nos corresponden”.
