Con 399 votos a favor, cero en contra y 1 abstención, la Cámara de Diputados aprobó el proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 190 bis a la Ley General de Telecomunicaciones y Radiodifusión, y se adiciona un artículo 168 TER al Código Penal Federal, con lo que fue turnada al Senado de la República para los efectos correspondientes.
El proyecto considera prohibir la fabricación, comercialización, adquisición, así como la instalación, portación, uso y operación de equipos que bloqueen, cancelen o anulen las señales de telefonía celular, de radiocomunicación o de transmisión de datos o imagen, excepto cuando sea por parte de las autoridades encargadas de centros de reinserción social, establecimientos penitenciarios o centro de internamiento para menores, asimismo imponer con penas de 12 a 15 años de prisión a quienes cometan esos actos.
Inicialmente, la iniciativa fue presentada por la diputada Adriana Gabriela Medina Ortiz (MC), el 17 de julio de 2019, durante la LXIV Legislatura. Posteriormente, la iniciativa fue retomada por los Diputados Víctor Manuel Pérez Díaz (PAN) y Juanita Guerra Mena (MORENA); y los Senadores Higinio Martínez Miranda (MORENA) y Jesús Lucia Trasviña Waldenrath (MORENA), el 14 de agosto de 2019. (LXIV Legislatura).
En la exposición de motivos los legisladores afirman que el delito de robo a autotransporte en los últimos años se ha visto facilitado por el uso de inhibidores o bloqueadores de señales, los cuales bloquean el dispositivo GPS para recibir información del Sistema de Posicionamiento Global que orbita sobre la Tierra. Cuando el bloqueador o inhibidor de señales es activado, se cortan inmediatamente las conexiones entre dispositivos GPS y satélites, por lo que el rastreador satelital no registrará ubicaciones GPS.
De acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), de 2015 a 2018 el robo de autotransporte en México se incrementó en un 81 por ciento. Asimismo, según registros de la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (CANACAR), este delito creció casi 90% tan solo de 2017 a 2018, y se elevó un 168% en el periodo de 2012 a 2018, según se lee en la iniciativa.
De igual manera, la CANACAR estima que los costos incurridos por la inseguridad en el transporte durante el año 2017, ascendieron a 92,500 millones de pesos, lo que representa un 0.5% del PIB nacional.
