Ante los impactos económicos generados por el Covid-19 en el transporte público, el Instituto de Recursos Mundiales México (WRI México), autoridades y empresarios del sector, proponen un Programa de apoyo financiero para el transporte público dividido en tres etapas, con una visión a seis años y que urge a la asignación inmediata de apoyos económicos de los gobiernos federal y estatales.
WRI México, la Asociación Mexicana de Autoridades de Movilidad, (AMAM) y la Asociación Nacional de Productores de Autobuses, Camiones y Tractocamiones (ANPACT), estiman en 19,500 millones de pesos las pérdidas acumuladas por los prestadores del servicio de transporte público durante la emergencia sanitaria, a causa principalmente de la caída en la demanda, estimada en un 60%, al momento aún se observa una caída del 30%.
Las pérdidas del sector por la pandemia se estiman hasta en un 40% del ingreso habitual, lo que pone en riesgo los ingresos de miles de conductores y la sostenibilidad de los sistemas de transporte públicos de las principales ciudades del país. La reducción en la demanda se ha traducido en menores ingresos y en el deterioro de la oferta y cobertura del servicio.
Se han efectuado acciones como ajustes en días y horarios de servicio y, en casos extremos, la suspensión de rutas como alternativas para reducir costos de operación, sin embargo, al momento se estima que estos ahorros no superan el 25% de los costos de operación, por lo que el sector enfrenta fragilidad financiera para mantener y mejorar la oferta y cobertura del servicio.
En un momento, @melizaldel participará en la Conferencia de prensa sobre los impactos del #COVID19 en el transporte público, y presentación de propuestas de rescate financiero.
Transmisión: https://t.co/ss60AJs2rL— ANPACT, A.C. (@Anpact) June 24, 2021
El medio de transporte más usado
El transporte público colectivo es el medio que utiliza cerca del 40% de mexicanas y mexicanos (50 millones de personas), del cual dependen más de 160 mil empleos (principalmente de conductores de unidades de transporte), y representa la actividad económica de personas físicas, pequeños y medianos empresarios y cooperativas, las cuales se estima que constituyen el 75% de la organización del sector.
Ante este escenario WRI México, la AMAM y los industriales del transporte un programa de apoyo en tres etapas:
- Primera etapa, que se etiqueten recursos federales y estatales para apoyo al sector, que se incluyan en el presupuesto federal beneficios fiscales en IVA e ISR, y que se incrementen los beneficios en el impuesto al combustible; así como que se otorguen garantías de crédito con respaldo gubernamental.
- Segunda etapa, con una visión de 1.5 a 3 años, se proponen acciones financieras y operativas para reactivar la economía del sector e incrementar el número de personas usuarias, mejorar la inclusión y la calidad de servicio. Para esta etapa se propone incentivar la inversión en infraestructura y renovación de flota; revisar y ajustar los modelos de negocio del transporte público; la reducción de aranceles a la importación de autobuses con visión de transición tecnológica e incentivar la transformación empresarial; promover el uso del transporte público y la integración con otros modos a través de la infraestructura y el medio de pago; así como la implantación de carriles segregados para autobuses y control de la operación.
- Tercera etapa, con una visión de 3 a 6 años se proponen soluciones en términos financieros, operacionales y administrativos para consolidar fuentes alternativas de fondeo y financiamiento, junto con el marco normativo necesario para tener acceso a estas fuentes. En este sentido se proponen medidas de recaudación asociadas al uso del auto personal, el pago de tenencia, el uso de parquímetros, el acceso a áreas con restricción vehicular, así como otras asociadas al uso de suelo y la captura de valor, la subasta de norma urbanística y aportes por edificación adicional. Rescatar al transporte público requeriría de una inversión estimada en 323 mil mdp, de acuerdo con las proyecciones realizadas.
No dar la espalda al problema
“Para garantizar el derecho a la movilidad es necesario asegurar recursos que permitan la planeación del transporte a corto, mediano y largo plazo (…) atender la necesidad inmediata y lo estructural requiere de medidas concretas, por ello hoy queremos hacer un llamado respetuoso al gobierno federal, a los gobiernos subnacionales a actuar de manera decidida, urgente, estratégica y coordinada para el establecimiento de un Programa de Apoyo Financiero al Transporte Público que ayude a establecer sistemas sustentables, sostenible y de calidad para los mexicanos”. No podemos seguir dando la espalda a este problema. Atender el transporte público no es un tema gremial, sectorial o estatal; es un tema de equidad y de Estado”, comentó Adriana de Almeida Lobo, directora ejecutiva del Instituto de Recursos Mundiales México (WRI México).
“El Covid-19 llegó a reforzarnos estás problemáticas, la crisis financiera derivada de la pérdida de demanda que ronda los 19 mil 500 millones de pesos, aunada al ya rezago de inversión de más de 323mil millones de pesos, sólo en las ciudades capitales del país, ha reforzado tres grandes problemáticas 1) la calidad y cobertura del servicio para los usuarios, incluyendo aumento en los costos de desplazamiento. La población de menos recursos y habitante de zonas periféricas son de las más afectadas. 2) Empresas operadoras y sistemas en quiebra, con sus afecciones también a la industria. Están en riesgo los empleos del transporte colectivo urbano y suburbano. Y 3) el retroceso en los procesos de modernización del transporte”, explicó Alejandro López, presidente de la Asociación Mexicana de Autoridades de Movilidad (AMAM).
“Estamos en proceso de recuperar la salud pública y reactivar la economía, donde la pandemia ha afectado la movilidad y la renovación de la flota, con una caída aproximada del 52% en vehículos de pasaje. Esta caída ha impactado la reducción de emisiones, la seguridad vial y la movilidad incluyente que genera el transporte público. Por ello, es necesario impulsar e incentivar la renovación vehicular por los beneficios que genera para los usuarios y sociedad en general…», mencionó Miguel Elizalde Lizárraga, presidente ejecutivo de la Asociación Nacional de Productores de Autobuses, Camiones y Tractocamiones (ANPACT).
