Autoridades, académicos, investigadores y transportistas coincidieron en que la movilidad es un tema de justicia social y de igualdad que requiere estar en la agenda pública, no solo municipal, sino también federal y requiere el esfuerzo de todos, ya que en algún momento somos usuarios de un medio de transporte, peatones, ciclistas o automovilistas.
Durante la inauguración del 14º Congreso Internacional de Transporte con el lema «De la Crisis a la Modernidad», el presidente de la Asociación Mexicana de Transporte y Movilidad (AMTM), Nicolás Rosales, señaló que la calidad de vida y las principales actividades económicas, así como el desarrollo de las ciudades, dependen principalmente de tener una movilidad adecuada para todos.
Por su parte, Jesús Padilla, presidente fundador de la AMTM, enfatizó que cuando se llevó a cabo el primer Congreso de Transporte, una persona perdía hasta cuatro años de su vida en trasladarse y, aunque ha mejorado la movilidad, todavía existen brechas que se tienen que mejorar, y para ello es necesario un trabajo conjunto entre autoridades, sociedad, académicos y transportistas.
“La congestión le cuesta al país más de 100 mil millones de pesos, pero nos cuesta en tiempo de vida, por lo tanto, tenemos que hacer lo que más podamos para disminuir tiempos de traslado y tener espacio para la familia y la recreación. La crisis de Covid-19 nos ha obligado a vernos diferentes, a apoyarnos, por lo que es necesario que intervenga la autoridad, la industria, los académicos; necesitamos una revolución de diálogo y de entendimiento”.
En el Centro Cultural Jaime Torres Bodet del IPN, sede de este congreso, Jesús Padilla explicó que los mexicanos necesitan de mayor eficiencia y calidad en el servicio, así como soluciones integrales porque el problema de movilidad es multifactorial y requiere igualmente soluciones integrales, una agenda del futuro y analizar los retos, para darles solución.
En su oportunidad, el secretario de Movilidad de Ciudad de México, Andrés Lajous, sostuvo que los cambios en materia de transporte han eficientado los servicios y no dependen sólo del gobierno ni de los particulares, sino de una acción conjunta, en la que se establecen beneficios, aportaciones, estímulos y colaboración para tener el mejor sistema integrado de transporte.
Asimismo, detalló los avances que se han alcanzado en materia de transporte público en la actual administración y reiteró que la conformación de empresas permite mejorar no sólo el servicio, sino adecuar las condiciones para favorecer a empresarios y trabajadores con derechos y prestaciones sociales.
Lajous aclaró que la enorme inversión de recursos que ha hecho la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, está directamente relacionada con promover y concretar un acto de justicia social, para quienes menos tienen.
Este año, agregó, concluirá la salida de circulación de los microbuses, para convertirse en empresas de transporte y dejar el esquema hombre camión.
Para ellos se promoverá el financiamiento por parte de Nafinsa, independientemente de los estímulos o apoyos económicos que aporte el gobierno de la ciudad para este fin.
“El transporte público es un tema de justicia social, todas y todos sabemos que los viajes más largos, de peor calidad, y paradójicamente, los más caros, los hacen las personas de bajos recursos, que tiene que venir de la periferia de la ciudad hacía el centro, por eso es necesario mejorar el transporte y construir el mejor transporte público posible, para las personas que más lo necesitan”.
El titular de Semovi añadió que también se debe abordar el tema del subsidio y la inequidad social, asociada a la ausencia de un transporte público de calidad, inexistencia de inversión en infraestructura, modernización del sector, financiamiento, seguridad y reducción de accidentes, sustentabilidad y sostenibilidad, así como la eficiencia en el uso de la tecnología.
En su oportunidad, Roxana Montealegre Buenrostro, directora de Movilidad de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) sostuvo que la actual administración está abocada a cerrar las brechas de desigualdad social y una de estas es contar con un transporte que atienda las necesidades de las personas en general.
Dijo que, a diferencia del pasado, México cuenta con un andamiaje jurídico que permitirá a los municipios, estados y a la Federación trabajar conjuntamente en la Estrategia Nacional de Movilidad y Seguridad Vial, donde se atenderán las necesidades y propiedades en esta materia.
Para el Gobierno Federal, finalizó, queda claro que la movilidad y la seguridad vial es ahora un derecho humano, en el que se tiene que integrar la academia y la inversión privada, para generar mayor conocimiento y compromiso.
