A menos que se tomen medidas inmediatas y eficaces, se prevé que los percances de tránsito vehicular podrían convertirse en la quinta causa de muerte en México y Centroamérica, resultando en la muerte de más de 200 mil personas cada año. Las consecuencias económicas de la inseguridad vial se han estimado entre el 1% y 3% del PIB de los países de dicha región, advirtió el director general del Centro de Experimentación y Seguridad Vial (Cesvi México), Ángel Martínez.
En promedio, la inversión en seguridad vial en México y Centroamérica no pasa los 1.56 dólares por habitante al año, afirmó el directivo durante su participación en el Tercer Foro Nacional de Buenas Prácticas en Seguridad Vial: Mesoamérica ante el Decenio de Acción 2011-2012.
Durante este foro, que se lleva a cabo en Complejo Cultural Universitario BUAP de la capital poblana, Martínez fue el moderador del tercer pilar de trabajo del Foro: “Vehículos más Seguros”, en el que participaron Marvin Salazar, Jefe de la Unidad de Investigación Automotriz del Consejo de Seguridad Vial (COSEVI) de Costa Rica, así como Salvador Saavedra, vicepresidente del Sector de la Industria Automotriz de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra).
El directivo mencionó que la reducción de percances de tránsito vehicular y sus consecuencias favorecerá el crecimiento de los países de la región, pues permitirá una liberalización de los recursos destinados a resolver este gran desafío y por tanto facilitar el desarrollo de las naciones de la zona.
Sobre el tema de la mesa de trabajo, comentó que es urgente promover la movilidad segura en los vehículos públicos y privados, incorporando tecnologías de seguridad pasiva y activa con base en la homologación de los estándares mínimos para la región, sistemas de información a los consumidores, incentivos para acelerar la adopción de nuevas tecnologías y la modernización y creación de centros de inspección vehicular.
El director general de Cesvi México afirmó que ante lo anterior, resulta fundamental promover la elaboración y adecuación de marcos normativos que aseguren que los vehículos que circulan y se comercialicen (construcción, ensamblaje e importación) tengan los elementos mínimos de seguridad. “Dando a conocer al consumidor la información de la seguridad de los vehículos motorizados que se comercializan.
