El próximo 5 de septiembre, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) deberá resolver dos asuntos de alta trascendencia para el país, referentes a la prisión preventiva oficiosa que el Poder Legislativo estableció, como medida cautelar, en el Artículo 19 de la Carta Magna para sancionar a quienes cometan robo contra el autotransporte de carga, pasaje, marítimo y ferroviario, en cualquiera de sus modalidades, entre otros delitos graves.
La Asociación Nacional de Transporte Privado (ANTP); la Asociación Mexicana de Ferrocarriles (AMF); la Cámara Mexicana de la Industria del Transporte Marítimo (Cameintram); la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar); la Cámara Nacional del Autotransporte de Pasaje y Turismo (Canapat) y la Confederación Nacional de Transportistas Mexicanos (Conatram), consideran fundamental la permanencia de la prisión preventiva oficiosa para impedir la sustracción de la justicia de los presuntos delincuentes; eliminar cualquier oportunidad de fuga de los acusados mediante el proceso de puerta giratoria; proteger a la víctimas y a sus familias de los agresores; evitar la reincidencia del delincuente y la comisión de otros delitos contra la sociedad, entre otros.
«Los organismos representantes del sector logístico de este país, consideramos que eliminar esta medida cautelar representará un retroceso en el objetivo de disminuir la comisión de delitos, y solo beneficiará a las más de 90 mil personas que hoy son sujetos de la prisión preventiva, por la presunta comisión de delitos como narcotráfico,
secuestro, feminicidio, entre otros.
«Estamos ciertos de que el máximo tribunal no cuenta con facultades para reformar la Constitución, siendo responsabilidad exclusiva del Poder Legislativo. Confiamos en que la resolución que emitan los Ministros de la Corte en próximos días, sentará un precedente positivo para el respeto de las jurisprudencias de los poderes de gobierno y la procuración del Estado de Derecho en este país».
