Recientemente circuló en medios de comunicación información sobre el fenómeno denominado “huachicol fiscal”, que consiste en el contrabando de combustibles a través de las principales aduanas y puertos del país.
Por ello, la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) rechaza cualquier negocio basado en prácticas ilegales, «apoyamos las acciones emprendidas por el Gobierno Federal en contra de la corrupción, pero exhortamos a las autoridades del sector energético a coordinarse y sumar esfuerzos para erradicar prácticas como el ´huachicol fiscal´ que siguen sin ser atendidas».
Dicha actividad ilícita se realiza por personas físicas y morales que evaden el pago de impuestos en la importación de combustibles y venden productos a precios por debajo del mercado.
Lamentablemente cada vez son más las empresas, estaciones de servicio y usuarios finales que deciden comprar combustible ilegal por sus precios bajos.
Las principales modalidades bajo las cuales opera el “huachicol fiscal” son las siguientes:
- Importación de diésel por fronteras y puertos con fracciones arancelarias incorrectas. Por ejemplo: se importa Diésel Ultra Bajo Azufre (producto sujeto al pago de IEPS) pero se reporta la importación como si fuese de lubricantes (producto no sujeto a IEPS).
- Importación de combustibles bajo fracciones arancelarias correctas, pagando solamente una parte del producto. Por ejemplo: Se importan 300 mil barriles de Diésel, sin embargo, al llegar al punto de importación, únicamente se registra el pago de impuestos correspondiente a 150 mil barriles.
Los principales “huachicoleros” son empresas que emiten facturas a favor de sus clientes y legitiman sus operaciones con permisos de la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y pedimentos de importación que no corresponden a sus verdaderas actividades.
Las principales consecuencias del “huachicol fiscal” son las siguientes:
- Afectación a Petróleos Mexicanos (Pemex) y empresas privadas que operan legalmente y pierden mercado frente al contrabando de combustible ilegal;
- Evasión de impuestos;
- Distorsión de los precios de mercado;
- Corrupción en aduanas;
- Complicidad de consumidores.
Conforme a la Ley Federal para Prevenir y Sancionar Delitos en Materia de Hidrocarburos y la Ley Nacional de Extinción de Dominio, las empresas que adquieren combustible de origen ilícito incurren en el delito de posesión ilegal de hidrocarburos, con el riesgo de revocación de permisos, clausura de actividades y sanciones privativas de la libertad.
En los últimos meses se ha observado que el “huachicol fiscal” ha seguido en el mercado del Diésel y ha ido avanzando en el mercado de gasolina, lo cual perjudica severamente a las empresas que importan de manera legal.
«Desde Coparmex hacemos un llamado a las autoridades del sector energético, en especial a la Secretaría de Energía (Sener), al Sistema de Administración Tributaria (SAT) y Aduanas para atacar, de manera directa, esta modalidad de huachicol de tipo fiscal, así como coordinarse con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) y con la Fiscalía General de la República (FGR) para realizar los operativos correspondientes y detener a vendedores y compradores responsables de crear un mercado ilícito de petrolíferos. El combate efectivo a la corrupción se da cuando las instituciones cumplen con su función y se hace valer el Estado de Derecho. Desde Coparmex hacemos patente nuestro compromiso de colaborar para denunciar este tipo de hechos ante las autoridades», explicó en un comunicado la Confederación.
