Olga Sánchez Cordero, titular de la Secretaria de Gobernación, aprobó conformar mesas de trabajo especializadas y buscar los mecanismos que permitan aplicar la Ley contra quienes tomen o bloqueen líneas férreas, tramos carreteros y casetas de cobro ante directivos de Concamin, Canacar, Canacero, AMF, AMIA y del CNA.
La resolución de la funcionaria tuvo lugar durante un encuentro a puerta cerrada en la que participaron Rabindranath Salazar Solorio, titular de la Subsecretaría de Desarrollo Democrático, Participación Social y Asuntos Religiosos; Francisco Cervantes Díaz, presidente de la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin); Salvador Quezada Salinas, director general de la Cámara Nacional de la Industria de Hierro y el Acero (Canacero); Oscar Augusto Del Cueto Cuevas, presidente de la Asociación Mexicana de Ferrocarriles (AMF); José Guillermo Zozaya, presidente de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA); Bosco de la Vega, presidente del Consejo Nacional Agropecuario (CNA); así como Enrique González Muñoz y José Refugio Muñoz López, presidente nacional y vicepresidente ejecutivo de la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar), respectivamente.
De acuerdo con Enrique González Muñoz, presidente nacional de Canacar, en el Grupo de Trabajo Interinstitucional participarán los titulares de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC); Guardia Nacional (GN); la Fiscalía General de al República (FGR), así como autoridades de los estados donde haya mayor incidencia de estos hechos.
“En la exposición de motivos, los presidentes de los organismos fuimos claros: «Los sectores industriales del país creemos en México, invertimos y trabajamos en favor del crecimiento económico y el desarrollo social, pero sí requerimos de certeza operativa, indispensable para la continuidad de las cadenas logísticas y el funcionamiento adecuado de la actividad económica en México», asestó.
El encuentro se dio luego de que el fin de semana pasado fueran liberadas las vías de ferrocarril en Chihuahua tras 60 días de protestas. No obstante, en Uruapan y Morelia, Michoacán diversos grupos se encuentran bloqueando las vías de tren desde hace 24 días.
De acuerdo con la Asociación Mexicana de Ferrocarriles (AMF), más de 17,000 carros de ferrocarril y 31 trenes se encuentran detenidos por el bloqueo, impidiendo el transporte de alrededor de 5,000 contenedores y más de 1,700 vehículos, generado pérdidas por cerca de 240 millones de pesos.
De acuerdo con la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal vigente, los servicios federales de autotransporte de carga y de pasajeros son un servicio público, de importancia primordial para la adecuada marcha de la economía del país y la vida de sus ciudadanos, por lo que resulta de interés público la continuidad de su prestación.
El artículo 533 de la Ley de Vías Generales de Comunicación señala que si el delito fue cometido por imprudencia y con motivo del tránsito de vehículos por carretera, aquél sólo se perseguirá por querella, la cual únicamente podrá formularse cuando no se repare el daño en un plazo de treinta días naturales, por lo que el delito se sancionará con multa hasta por el valor del daño causado, más la reparación de éste.
De ahí que para que se persiga el delito de ataques a las vías generales de comunicación o los medios de transporte, por imprudencia, y con motivo del tránsito de vehículos por carretera, se requerirá como premisa indispensable que se formule la querella correspondiente por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), al tener el carácter de parte ofendida en los delitos de esa naturaleza.
El autotransporte de carga contribuye con el 3.4% del PIB, y atiende la demanda de 111 ramas de la economía nacional. Asimismo moviliza 552 millones de toneladas de mercancías y productos, lo que equivale al 81.5% de la carga terrestre y 56.3% de la carga doméstica total.
