Con el objetivo de reforzar las prácticas de prevención y reacción ante el robo de mercancías en tránsito, la Asociación Nacional de Empresas de Rastreo y Protección Vehicular (ANERPV) continúa su labor de alianzas estratégicas contra robo al transporte, por lo que promueve la firma de acuerdos con gobiernos estatales a través de sus respectivas Secretarías de Seguridad Ciudadana. En esta ocasión firmó un acuerdo con Tlaxcala, con quien se podrán coordinar estrategias para la prevención de los delitos relacionados con vehículos, así como brindar el apoyo y acompañamientos a las personas que se hayan visto inmersas en la comisión de este delito.
Víctor Manuel Presichi Amador, presidente de la ANERPV, reiteró que el reciente acuerdo firmado con la SSC de Tlaxcala, permitirá trazar mejores modelos de trabajo en la prevención, pero sobre todo en combate al delito de robo de vehículos y autopartes, en los diferentes municipios de la entidad, así como carreteras y autopistas donde se registra la mayor afectación.
“Este acuerdo se suma a los ya establecidos con los gobiernos del Estado de México, Ciudad de México, Jalisco, Puebla, Veracruz, Guanajuato y Colima, instituciones como la Policía Federal, así como con el gobierno municipal de Guadalajara. Tenemos en espera la firma de otros acuerdos como el del C5 de Jalisco conocido como el “Palomar” y Guardia Nacional, con quien a pesar de no contar con convenios oficiales, se trabaja de manera coordinada para desplegar operativos de recuperación.
Dijo que el robo a transporte de carga y vehículos en general, incluyendo transporte pesado y ligero, de enero a septiembre del año en curso, ha registrado a nivel nacional 2 mil 170 operativos de recuperación de unidades, considerando únicamente los vehículos que cuentan con sistema de rastreo suministrado por cualquiera de los socios de la ANERPV. Se ha logrado gracias a la buena coordinación con las diferentes autoridades federales, estatales y municipales, pues ha permitido la recuperación de los automotores boletinados y detención de 136 presuntos delincuentes, 33 predios asegurados y 152 vehículos recuperados con reporte de robo activo”, añadió el directivo.
De acuerdo con Presichi Amador, el tipo de vehículos más robados con sistema de rastreo GPS en México son, 41% transporte pesados, 20% ligeros de hasta 3.5 toneladas y el remanente entre vehículos particulares, motocicletas, trasporte de personal, maquinaria pesada, equipos portátiles sembrados en la carga entre otros.
Nuevos acuerdos y “Corredores Seguros”
Informó que después de dos años de gestión, se concretó la firma de convenio de colaboración con el gobierno de Veracruz, con lo cual se fortalece el “Corredor Seguro” Sureste que integra a esta entidad, Oaxaca y próximamente Chiapas. Puntualizó que la ANERPV ya se apresura para firmar con otros estados como Oaxaca; mientras que Aguascalientes está en proyecto y sería parte del Corredor Occidente.
Estos convenios –afirmó- nos llevan a establecer responsabilidades. Hoy en día, en ANERPV nos sumamos a los avances con el ´Corredor Seguro´ Occidente, donde están firmados Colima, Jalisco, Guanajuato, Querétaro y Michoacán. Tenemos el “Corredor Seguro” Centro, con convenios con Estado de México, Ciudad de México, Tlaxcala y Puebla.
Con relación a lo anterior, destacó que la ANERPV en alineación con las autoridades de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), promueve entre sus miembros y clientes los “Corredores Seguros”, en virtud de que son estrategias preventivas bien diseñadas para el transporte de carga, el cual en México mueve el 85% de las mercancías que el país produce; por ello, la importancia de signar nuevos acuerdos con autoridades y ratificar los existentes.
Para hacer un eficiente “Corredor Seguro”, siguiere que no solamente deben estar patrulladas las carreteras, sino principalmente que exista labor de inteligencia para analizar con base en la tecnología y estadística, donde operan las bandas delictivas, horarios, modus operandi, tipo de mercancía y sobre todo investigación para seguir la ruta del dinero.
Es un hecho que en 2020 se han contabilizado hasta el momento menos robos que el mismo periodo del año anterior, reflejo del esfuerzo y buena coordinación con autoridades, pero también porque 2019 fue un año muy conflictivo y hasta cierto punto caótico en temas de delincuencia y robos al transporte. La coordinación interinstitucional entre las corporaciones y fiscalías de las entidades con mayor incidencia delictiva, sobre todo las que corresponden a zona centro-Bajío-Golfo, las cuales han trabajado de la mano con organismos civiles como ANERPV y OCRA, han arrojado hasta ahora resultados que permiten regresar a los números que se tenían en 2018, enfatizó.
Aún así, en 2020 la tendencia de robo mensual es a la alza a partir de marzo y abril, vinculado con la situación de la pandemia, las nuevas tareas y restricciones que deben atender las diferentes autoridades de seguridad y una condición económica desfavorable en varios sectores de la población que fomentan este comportamiento. La situación económica a causa del COVID-19, ha generado mayor robo de productos de primera necesidad como alimentos, medicamentos y artículos de limpieza, por encima de otros bienes que no corresponden a la canasta básica. Lo robado suele venderse en mercados informales con precios menores al establecido por los principales distribuidores oficiales, el incremento en la demanda motiva a los grupos delictivos a lucrar en mayor medida con este delito.
Corralones: Dolor de cabeza
Aunado a lo anterior, el tema de las concesiones y/u operación irregular de los servicios de grúa y corralones generan un severo problema para los sectores transporte y rastreo satelital, ello por el abuso que representa para el transportista recuperar una unidad robada. “Existen casos frecuentes donde los arrastres de los vehículos pesados son por distancias inferiores a los 20 kilómetros, pero con cargos de hasta de 50 mil pesos por el servicio de grúa. Son tarifas arbitrarias que no se apegan a las establecidas en los tabuladores oficiales y mucho menos a las tarifas comerciales disponibles en un mercado abierto. Cada concesionario cobra a su conveniencia y el afectado no tiene la posibilidad de elegir opciones de arrastre ni del resguardo en corralones”, denuncia el titular de la ANERPV.
Estas acciones son un claro ejemplo de “acuerdos” que existen entre estos prestadores y autoridades locales, quienes permiten operar de esta manera. Se genera literalmente una extorsión, adicional a los días que están inhabilitadas las unidades en detrimento de la economía de los afectados quienes deben seguir pagando las mensualidades de los camiones retenidos, seguros, nómina de personal sin trabajo, etc., aunado a posibles actos de rapiña, daños, robo de autopartes o de mercancía transportada.
La estancia en el corralón suele ser de 30 a 90 días desde el momento en que los dueños o responsables presentan su denuncia y comienza el proceso de liberación de la unidad ante el Ministerio Público. Un proceso que fomenta y promueve la cifra negra ya que los afectados que recuperan rápidamente su unidad gracias al GPS, evitan a toda costa presentar una pre-denuncia o iniciar una carpeta de investigación formal, debido a que, en caso de proceder legalmente y de acuerdo al protocolo, se da paso a todo este “viacrucis” que genera una doble victimización.
“Todo transportista en su sano juicio prefiere apostarle a la pronta recuperación gracias a los sistemas satelitales y no levantar una denuncia a menos que sea estrictamente necesario por extravío de unidad o de chofer, por afectaciones directas a la mercancía, daño en el vehículo y/o propiedad ajena que ocasionan que se proceda de acuerdo a lo establecido en la ley y reglamentos de tránsito”, refirió Presichi Amador.
En muchas ocasiones –advirtió-, con tal de evitar la denuncia prefieren liberar las unidades en sitio “negociando” directamente con los elementos de seguridad que apoyaron en la recuperación de las mismas. Estos eventos obviamente no se registran en cifras oficiales, generan una dinámica de corrupción que afecta tanto a la sociedad como a las mismas autoridades que suelen tener un objetivo de erradicación de las malas prácticas. Es común toparse con empresas transportistas con cantidades tan dramáticas de hasta del 10% de su flota activa “atrapada” en diferentes corralones esperando y tramitando su liberación, la mayoría como consecuencia de robos frustrados donde no hubo mayor delito que perseguir ni afectaciones a terceros que resarcir.
Las autoridades normalmente refieren que no existe cifra negra en el tema del transporte de carga, sin embargo la ANERPV opina diferente por la cantidad de operativos de recuperación que se inician y concretan exitosamente, pero no culminan en una carpeta de investigación. “Nuestro deseo y objetivo es que el 100% de los eventos de robo se reporten formalmente desde su inicio, sin embargo esto no sucederá si se mantiene esta práctica abusiva y totalmente innecesaria por parte de concesionarios con la venia de autoridades locales”, señaló Víctor Presichi.
