La Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA) hizo un llamado a todos los candidatos a un puesto de elección popular a mantener políticas públicas que han funcionado en los últimos años y que han permitido avances sustantivos en los dos principales factores limitativos del mercado interno automotor: inclusión crediticia y control en la importación de vehículos usados.
En cuanto al primer factor mencionado, el crédito para la adquisición de vehículos avanzó de 518 mil 532 unidades financiadas a un millón 39 mil 262 en 2017, lo que representó pasar del 52.5% de financiamiento respecto a las ventas totales de vehículos al 67.9% en el periodo citado.
Por lo que hace al control de la importación de vehículos usados no podemos olvidar que de 2006 al 2008 los vehículos usados importados superaron el número de vehículos nuevos vendidos en México.
Aun en 2012 los vehículos usados importados representaron el 40.1% de los vehículos nuevos lo que contrasta con el 8.1% de 2017.
Sin duda que hemos avanzado en detener el flujo de chatarra contaminante e insegura, muchos de ellos con reporte de robo en Estados Unidos, que bajo la protección de amparos de la justicia federal obstaculizaron la renovación del parque vehicular en México.
Estos logros han dañado la estructura de negocio ilegal e informal que a lo largo del tiempo ha encontrado protección en organizaciones sociales y políticas que en épocas electorales presionan para volver a la flexibilización de la importación de vehículos usados y a la regularización del contrabando.
En este contexto la AMDA rechazó la respuesta dada ayer en Hermosillo durante un acto de campaña por el candidato de la Coalición «Todos por México» a la Presidencia de la República José Antonio MeadeKuribreña al planteamiento de regularizar vehículos ilegales, también conocidos como «Chocolates»: «Pero, frente a la realidad que hoy tenemos, tenemos que avanzar en el registro, un registro que nos permita, sí regularizar con inteligencia, con seguridad, con respeto medioambiental, pero dándole certeza a las familias de Sonora.»
La organización empresarial se manifestó en contra de cualquier modalidad de regularización, matriculación, censo o esquema parecido para vehículos introducidos ilegalmente al país ya que sólo se convierte en un pervertido incentivo a la ilegalidad y preservación de impunidad.
Asimismo es importante resaltar que en el pasado se han aplicado más de una veintena de procesos de regularización vehicular sin éxito alguno, más allá de que sólo contribuyeron a abrir la puerta a la introducción de más vehículos de la misma naturaleza.
No es posible argumentar un tema de bienestar social cuando el origen propio de los vehículos ilegales en el país constituye un delito.
