La Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA) y la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA), rechazaron el “empadronamiento y colocación de engomado” de vehículos ilegales que circulan en Tamaulipas, bajo el falso argumento de promover la seguridad pública ya que atenta contra el marco jurídico del país y contraviene esfuerzos del Gobierno Federal.
El Gobierno del Estado de Tamaulipas y su Congreso, pretenden brindar engomados a los vehículos usados internados ilegalmente mejor conocidos como ‘chuecos’ o ‘chocolate’ que circulan por esta entidad de manera irregular, violando la Constitución, leyes aduaneras, de normalización y otras disposiciones oficiales en materia de control vehicular y de comercio exterior.
Guillermo Rosales, Director General Adjunto de AMDA, explicó que es una medida engañosa y recaudatoria que pretende recabar datos de los poseedores de vehículos ilegales a cambio de un engomado que en ningún momento es equiparable con una medida de legalización, por lo que la estancia de éstos vehículos en el país seguirá siendo clandestina y por ende incierta; pese a estas premisas, el pago a la Secretaría de Finanzas de alrededor de $1,500.00 sería anual más el pago de una póliza de seguro.
Por su parte, Eduardo Solís, Presidente de la AMIA informó que la justificación del gobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca de identificar a los propietarios de vehículos ilegales para prevenir la comisión de delitos es insostenible ante la evidente negligencia de las autoridades locales, estado y municipios, para impedir la internación y comercialización de vehículos chuecos.
Finalmente, los representantes de las asociaciones del sector automotor explicaron que la iniciativa pretendida por las autoridades del Gobierno del Estado de Tamaulipas y respaldada por las del Legislativo, al estar violando el marco regulatorio fiscal del país, está incurriendo en delitos fiscales tipificados en el Código Fiscal de la Federación.
Por todo ello AMDA y AMIA solicitan al Secretario de Hacienda y Crédito Público, José Antonio González Anaya, así como a Osvaldo Santín Quiroz, Jefe del SAT y a Max Alberto Diener Sala, Procurador Fiscal de la Federación que intervengan en el ámbito de sus facultades para frenar esta engañosa regularización de vehículos chocolate.
