El Gobierno de Baja California inició ayer la elaboración de un padrón de vehículos usados de procedencia extranjera que circulan ilegalmente en el estado y que fueron introducidos sin cumplir las formalidades del procedimiento aduanero de importación. Por ello, las Asociaciones del sector automotriz, manifestaron su absoluto rechazo a tal medida, ya que se trata de vehículos que no pagaron impuestos, que su estancia en el país es ilegal y son vehículos que tendrían que ser embargados por las autoridades federales, o la estatal bajo los acuerdos de coordinación firmados entre ambos.
La AMDA, ANPACT, AMIA e INA, informaron que con la elaboración de este padrón de vehículos ilegales, el estado de Baja California omite aplicar la ley y las facultades que le han sido delegadas por el Gobierno Federal para la observancia de la legalidad en la importación de vehículos usados.
Adicionalmente, con este padrón genera falsas expectativas y pudiera generar el engaño a sus ciudadanos. “Las Asociaciones del sector automotriz, privilegiando siempre el diálogo con ambos niveles de gobierno, reconocemos el esfuerzo que las autoridades del estado de Baja California y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público han llevado a cabo para promover la legalidad en la importación de vehículos usados, incluso con reglas de comercio que promueven la confianza entre los operadores.
“Sin embargo, hemos hecho notar el abuso que se ha llevado a cabo en algunas de estas medidas y sobre las cuales hemos cuestionado a la propia autoridad federal, como los certificados de emisiones apócrifos o las facturas falsas de empresas supuestamente confiables.
“Existen las condiciones para la importación legal en nuestro país, tanto en la región fronteriza como al interior del país. No podemos permitir que se promueva la ilegalidad omitiendo la observancia a la que el estado de Baja California está obligado. Exhortamos a las autoridades federales a que actúen en contra de este padrón estatal de vehículos ilegales y determinen las sanciones que correspondan en los términos de los convenios que tiene con el estado de Baja California”.
